El relanzamiento del proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal de los ríos Paraná y de la Plata –la llamada “Hidrovía”– encendió de nuevo las alarmas sobre la entrega de la soberanía fluvial y el impacto ambiental de un modelo de navegación que podría consolidarse por décadas. El ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables Horacio Tettamanti calificó de “escandalosa” la iniciativa original, que preveía una concesión de hasta 60 años y una inversión de 2.400 millones de dólares, y advirtió que “si se concreta, la Argentina se quedará sin futuro: perderemos el Paraná, el Río de la Plata y el Atlántico Sur” .
Tras aquella suspensión, el 19 de junio de 2025 el Gobierno publicó un nuevo pliego que reduce la concesión a 20 años y abrió un periodo de presentación de ofertas que vencerá el 28 de agosto de 2025.
Según Tettamanti, profundizar el canal Mitre sin reabrir la vía natural del Magdalena equivale a crear una “isla artificial” frente a la costa bonaerense, cortando la conexión con el continente y dejando al país atado a puertos extranjeros como Montevideo. Denunció además el abandono de otros corredores estratégicos –el Martín García, el Paraná Guazú y el Pasaje Talavera– cuya recuperación permitiría una red de navegación más económica y plenamente nacional.
En paralelo, el escritor y periodista Mempo Giardinelli llamó a ver el Paraná “no como un negocio, sino como un patrimonio cultural, económico y político” y denunció la licitación como un paso “marcado por la corrupción y la falta de visión estratégica” que prioriza intereses multinacionales sobre el bienestar de las comunidades ribereñas . Para Giardinelli, mientras la gestión europea y china del dragado castiga al río, la alternativa soberana del Canal Magdalena sigue postergada por falta de voluntad política.
Dentro del peronismo conviven posturas encontradas sobre la Hidrovía: por un lado, referentes como Cristina Kirchner y Axel Kicillof insisten en impulsar alternativas soberanas —especialmente la apertura del canal Magdalena— para garantizar una navegación interior nacional y económica; por el otro, sectores ligados a Sergio Massa y Florencio Randazzo se inclinan a favor de profundizar el canal Mitre y mantener el modelo actual de la Hidrovía, en línea con intereses corporativos y multinacionales. Esta tensión interna complica la posibilidad de un frente peronista unificado que defienda la soberanía fluvial y obliga a dirimir si prima la lógica de mercado o el control estatal sobre nuestros ríos.
A 40 días del cierre de ofertas y con nuevos actores incorporados al debate, Argentina enfrenta una disyuntiva ineludible: profundizar un corredor navegable sometido a las lógicas de mercado transnacional o recuperar y potenciar corredores fluviales nacionales que aseguren un flujo autónomo de exportaciones e importaciones. El desafío trasciende lo técnico y lo económico: es una cuestión de soberanía y futuro, que demanda no sólo mesas de negociación formales, sino la atención de la sociedad y el control ciudadano. Solo así podrá evitarse que la Hidrovía se convierta en una hipoteca que comprometa el destino de las generaciones por venir.