Los fondos buitre que ganaron el fallo judicial por la expropiación de YPF ahora dicen que no tienen interés en quedarse con las acciones. No quieren administrar una petrolera, dicen. Solo pretenden que esas acciones funcionen como garantía financiera mientras se tramita la apelación. El mensaje es claro: no buscan quedarse con los fierros, quieren el dinero. Y si no lo consiguen, apuntarán a activos argentinos en el exterior.
Los beneficiarios de la sentencia de la jueza Loretta Preska, que condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, presentaron ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York un escrito en el que sostienen que no desean quedarse con el 51% de las acciones de YPF. Aunque, paradójicamente, piden que esas mismas acciones sirvan como respaldo de pago mientras se tramita la apelación iniciada por el Estado argentino.
El fallo de Preska, dictado en septiembre de 2023, condenó a la Argentina por no haber lanzado una oferta pública de adquisición de acciones al momento de la expropiación en 2012. Sin importar que la operación fue votada por ley en el Congreso y que la recuperación del control energético era una decisión soberana.
Los fondos buitre ahora presionan para que la Argentina deje una “garantía suficiente”, porque temen que, si pierden la apelación, les sea imposible ejecutar el fallo. En otras palabras, buscan asegurarse el cobro antes de que la justicia se expida. Y si no lo logran, se abrirá la posibilidad de embargar bienes del Estado argentino en el extranjero. La mecánica es conocida: extorsión financiera vestida de legalidad.
En este contexto, la Argentina recibió un respaldo clave. El gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia, se presentó como amicus curiae a favor de la posición argentina. La administración Trump, siguiendo la misma línea que había tenido el gobierno de Joe Biden, advirtió que la sentencia de Preska viola el principio de inmunidad soberana y representa un riesgo sistémico en el derecho internacional.
En un escrito de 12 páginas, el gobierno norteamericano afirmó que el fallo contradice la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA) de 1976. El planteo es contundente: permitir que se ejecute una sentencia como esta implica que la propiedad pública de un país sea más vulnerable fuera de su territorio que dentro de Estados Unidos. Además, el Departamento de Justicia señaló que si Argentina pierde las acciones de YPF durante el proceso judicial, podría no recuperarlas aunque gane la apelación. Y recordó que el Congreso argentino debería autorizar cualquier venta de esos activos.
En resumen: los fondos buitre no buscan inversión ni producción. No quieren participar del desarrollo energético de YPF, ni fortalecer la infraestructura ni reinvertir en el país. Solo quieren una cifra: 16.000 millones de dólares. El resto, incluso la administración de la empresa, les resulta un estorbo. Y en esa lógica, pretenden presionar a los jueces para que la Argentina pague, aunque eso signifique comprometer su soberanía y su capacidad futura de apelación.
La causa de YPF no es una cuestión de negocios. Es un nuevo capítulo en la disputa por los recursos estratégicos, la autodeterminación económica y el rol de los actores financieros transnacionales en las decisiones de los Estados.
Fuente: Pagina12