Una reciente disposición oficial volvió a encender la alarma entre organizaciones ambientalistas. La Resolución Nº 1194, emitida por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, habilitó la caza de hasta 150.000 coipos durante la temporada de invierno, generando preocupación por su impacto en la fauna nativa.
La normativa autoriza la captura de estos mamíferos acuáticos entre el 24 de junio y el 29 de septiembre, exceptuando solo las áreas protegidas. La medida busca controlar su población debido a supuestos daños en terraplenes y cultivos de nuez pecán, aunque las organizaciones consideran que responde más a intereses productivos que a razones ecológicas.
El anuncio no tardó en despertar la crítica de sectores conservacionistas, que acusan al gobierno provincial de actuar en detrimento de la biodiversidad. En mayo, la gestión ya había sido cuestionada por permitir la caza de aves nativas, reforzando las sospechas sobre una política ambiental permisiva.
Lo llamativo es que la medida se da mientras la provincia promociona su campaña turística #ModoCarpincho, que invita a disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad del entorno litoraleño, una paradoja que no pasó inadvertida para las organizaciones de defensa ambiental.
El coipo (Myocastor coipus), conocido como nutria roedora, es una especie autóctona de los humedales del litoral argentino. Habita ríos, lagunas y esteros, donde cumple un rol esencial en el equilibrio de los ecosistemas.
Su presencia contribuye al mantenimiento de la biodiversidad acuática, ya que interviene en la dinámica natural de las zonas ribereñas. A diferencia de especies exóticas o invasoras, el coipo forma parte del patrimonio biológico de la región.
Aunque algunos sectores productivos lo consideran una plaga por sus hábitos excavadores, su control debe hacerse bajo parámetros científicos y ecológicos, evitando prácticas de exterminio masivo que puedan desestabilizar los ambientes naturales.
La caza autorizada de coipos se suma a una seguidilla de decisiones oficiales que han generado preocupación sobre la política ambiental de Entre Ríos. Las críticas apuntan a la falta de evaluación ambiental previa y a la ausencia de medidas de protección efectivas para la fauna autóctona.
El riesgo de reducir drásticamente la población de coipos podría alterar el funcionamiento de los humedales, espacios claves para la biodiversidad, la calidad del agua y la regulación climática. Además, la medida choca con las acciones de promoción turística que resaltan la riqueza natural entrerriana.
La discusión sigue abierta entre quienes reclaman una gestión responsable de la fauna silvestre y las autoridades, que deberán demostrar si su política prioriza el desarrollo sustentable o responde a presiones sectoriales.
Fuente: Noticias Ambientales