La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido del Estado argentino para suspender la ejecución de una sentencia en el marco del litigio contra fondos especulativos conocidos como “fondos buitres” sobre acciones de YPF. La magistrada ordenó que la petrolera estatal transfiera el 51% de sus acciones a una cuenta de custodia global administrada por The Bank of New York Mellon Corporation, lo que obliga al país a responder en un plazo máximo de tres días.
Esta decisión se produce 14 días después del fallo original a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclaman una cifra millonaria que ronda los 16.000 millones de dólares. Estos fondos adquirieron las acciones en litigio tras la expropiación de YPF en 2012 y la entrada en default de la familia Eskenazi, para luego presionar al Estado argentino a cobrar.
La jueza Preska cuestionó la solicitud argentina de suspensión (conocida como “stay”) al considerar que el tribunal ya había concedido una suspensión previa sin necesidad de fianza, condicionada a la celeridad en la revisión de apelaciones y la presentación de garantías. Fuentes oficiales y expertos legales señalaron que el Gobierno nacional “hizo bien en no aceptar la propuesta” anterior, pues implicaba riesgos de ejecuciones inmediatas y futuras demandas.
Argentina apeló la sentencia la semana pasada y, tras ello, se realizó una audiencia urgente que culminó en el rechazo del pedido de suspensión. El país anticipó que continuará con presentaciones legales, e incluso podría acudir a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para solicitar una revisión.
El abogado y especialista en la causa, Sebastián Soler, destacó que aunque los escritos técnicos presentados por la defensa argentina son correctos, existen contradicciones en la estrategia pública. Señaló que las declaraciones del presidente Javier Milei podrían fortalecer la posición de los demandantes y puso en duda la designación del abogado Santiago Castro Videla, socio en un estudio vinculado a uno de los fondos litigantes.
La defensa argentina sostiene que la orden de la jueza viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional. Además, la presentación alerta sobre un supuesto “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”, e incluso plantea que la sentencia implicaría una exigencia para modificar la Constitución argentina, lo que complicaría aún más la resolución del conflicto.
Hasta el jueves 17 de julio, Argentina tiene tiempo para presentar recursos ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en un proceso que mantiene en vilo el futuro de la petrolera estatal y el entramado jurídico-financiero entre ambos países.
Fuente: Pagina12