La Organización de las Naciones Unidas publicó el 12 de julio de 2025 un comunicado firmado por nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos en el que expresa “profunda preocupación” por lo que califica como un “esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial”. En su informe, el organismo apunta a una serie de medidas y discursos oficiales que, según sus expertos, buscan disciplinar al Poder Judicial y socavar sus garantías constitucionales.
El caso de la jueza Karina Andrade ocupa un lugar central en la denuncia. Andrade ordenó la liberación de 114 manifestantes detenidos el 12 de marzo —detenciones que, a juicio de la magistrada, se realizaron “sin las garantías legales necesarias”, sin notificar al tribunal competente ni consignar lugar, hora o motivo del arresto—. Tras su fallo, la jueza recibió amenazas de muerte, mensajes con alusiones de violencia sexual y una campaña de desprestigio que incluyó declaraciones agresivas de funcionarios. Los ministerios de Seguridad y de Justicia anunciaron gestiones para iniciar su destitución.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, contribuyó al clima adverso al vincular públicamente a Andrade con “la justicia de la puerta giratoria” y responsabilizarla de la creciente inseguridad en el país. Para los relatores de la ONU, estas expresiones oficiales no solo estigmatizan a quienes aplican la ley, sino que envían un claro mensaje de intimidación al resto de los jueces federales.
El informe también menciona al juez Roberto Gallardo, a quien se atribuye persecución tras limitar la intervención de las fuerzas federales en operativos de control durante protestas sociales. Su caso, dicen los relatores, confirma un patrón de utilización del aparato estatal para penalizar las decisiones que no coinciden con los intereses del Ejecutivo, y desalentar cualquier fallo adverso mediante presiones políticas y mediáticas.
La ONU critica además la criminalización de la protesta pacífica y la aplicación de normas antiterroristas contra manifestantes, prácticas que violarían los compromisos internacionales de derechos humanos suscritos por Argentina. “Las detenciones masivas son arbitrarias y constituyen castigos colectivos”, subrayan los relatores, que documentan el uso de gases lacrimógenos y balas de goma sin orden judicial en operativos contra concentraciones ciudadanas.
Frente a estas denuncias, el gobierno de Javier Milei solicitó una prórroga para presentar su descargo ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos, pero aún no ofreció explicaciones de fondo. La advertencia de la ONU marca un punto de inflexión en la relación entre los poderes del Estado y plantea un desafío para la Argentina: deberá demostrar, en plazos concretos, cómo garantizará la autonomía judicial, el respeto a los derechos civiles y la libertad de expresión sin interferencias políticas.