En medio del colapso del sistema energético por la ola de frío y el aumento de la demanda, el Gobierno de Javier Milei decidió eliminar los precios de referencia para las garrafas de gas, lo que implica una liberación total del mercado en uno de los momentos más críticos del año. La medida fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en coordinación con la Secretaría de Energía, y forma parte del Decreto 446/2025 que desregula el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
La decisión se toma en paralelo al agravamiento de la emergencia energética que, desde hace días, mantiene interrumpido el suministro de gas natural a industrias y estaciones de GNC en buena parte del país. El Comité de Emergencia —que reúne a empresas y funcionarios del área energética— resolvió extender por lo menos 24 horas más las restricciones a esos sectores para priorizar el consumo residencial. Sin embargo, no alcanzó para evitar que miles de hogares en zonas sin gas natural domiciliario queden librados a un mercado de garrafas sin precios de referencia.
Sturzenegger justificó la eliminación de topes al señalar que “los precios libres son la mejor brújula para un mercado sano”, aunque omitió referirse a la distorsión generada por la concentración del mercado del GLP y la escasa competencia real en regiones del interior, donde muchas veces sólo opera un distribuidor por localidad. Hasta ahora, el Estado fijaba precios orientativos que, al menos en teoría, garantizaban un acceso más o menos parejo en todo el país y frenaban abusos.
Los valores vigentes hasta hoy eran de $10.500 para garrafas de 10 kg, $12.600 para las de 12 kg y $15.750 para las de 15 kg, incluyendo impuestos. Su eliminación ocurre en paralelo a un aumento interanual del 30% en la demanda, según la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), que advirtió sobre una situación crítica en muchas localidades donde el GLP es la única fuente de calefacción, cocción y agua caliente.
En efecto, el Censo Nacional 2022 reveló que el 46,3% de la población argentina depende de garrafas o cilindros de GLP. En provincias del norte, en zonas rurales y barrios populares de grandes ciudades, ese porcentaje es aún mayor. La medida, lejos de fomentar la competencia, puede derivar en una escalada de precios que los sectores más vulnerables no podrán afrontar, en un contexto de caída del poder adquisitivo y escasa presencia estatal.
Además de la liberalización de precios, el decreto elimina requisitos administrativos para operar como fraccionador, distribuidor o comercializador de GLP, flexibiliza el funcionamiento de los Centros de Canje (donde se pueden intercambiar garrafas de distintas marcas) y habilita las importaciones y exportaciones sin mayores controles.
Según el propio Sturzenegger, se trata de “reemplazar un modelo restrictivo por uno que respete el derecho al comercio”, pero la pregunta central es si en un contexto de emergencia, desabastecimiento, caída de inversión en infraestructura energética —como en Vaca Muerta— y dependencia creciente del GLP, estas desregulaciones no terminan consolidando un mercado excluyente, donde el acceso básico a la energía queda sujeto a la ley del más fuerte.
El Estado, que hasta ahora jugaba un rol de moderador, cede así por completo el control a operadores privados en medio de una crisis energética que no parece haber tocado fondo. El resultado inmediato podría ser un salto de precios en las garrafas justo cuando más se necesitan.
Fuente: Infobae