La condena proscriptiva contra Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner a girar la ruleta mediática de la indignación selectiva. Los grandes medios, que durante años titularon en modo automático cualquier causa judicial contra CFK como prueba irrefutable de su “corrupción estructural”, ahora activan otra operación: pedir que la Corte Suprema revise todo. ¿Todo qué? Bueno, todo lo que huela a peronismo, o a kirchnerismo como suelen llamarlo: desde la expropiación de YPF hasta la soberanía electoral de Formosa.
En el caso YPF, la ofensiva se reactivó con el reciclaje de viejos archivos. Mauricio Macri salió a recordar un video de 2012, cuando criticaba la estatización de la petrolera como un acto “populista y autoritario”. Medios nacionales tomaron el guante para instalar la idea de que la expropiación fue no solo un error, sino una ilegalidad que merece ser “revisada” por la Corte. No importan los votos del Congreso, ni que muchos opositores hayan acompañado. El relato es lo que cuenta.
Y en Formosa, donde Gildo Insfrán arrasó con casi el 70 % de los votos, Patricia Bullrich sugirió intervenir la provincia. ¿La base? Una mezcla de resultados abrumadores, sospechas sistemáticas y un electorado que —según algunos editorialistas— vota “mal”. En una escena que bordeó el absurdo institucional, el periodista Luis Majul llegó al extremo de preguntarle en vivo a Bullrich si se podría intervenir Formosa por decreto. Ni una sonrisa nerviosa, ni una corrección. El disparate quedó flotando en pantalla como si fuera una posibilidad legítima. Así de livianos, así de peligrosos.
Para ciertos sectores, cuando el pueblo no vota como ellos esperan, hay que cuestionar la democracia misma. Y cuando la Corte no interviene como esperan, se la presiona desde los diarios y los estudios de televisión. La “república”, en ese esquema, se activa o se apaga como un switch ideológico.
El problema no es que se debata la legitimidad de decisiones políticas o judiciales. El problema es el uso selectivo, interesado y malicioso de esas discusiones por parte de medios que se disfrazan de jueces, jurado y fiscal al mismo tiempo. Cuando la Justicia no se alinea con sus intereses, la tildan de “militante”; cuando condena a quien no les gusta, la celebran como si fuera el oráculo de la democracia.
Mientras tanto, miles de ciudadanos ven cómo se tergiversa la realidad para encubrir intereses económicos y operaciones políticas. Como si lo que realmente se buscara no fuera justicia, sino venganza. Como si lo que realmente se defendiera no fuera la República, sino la línea editorial.
Entonces, ¿por qué tantos periodistas repiten con devoción los argumentos de los sectores más concentrados del poder judicial y político? ¿Qué intereses defienden realmente cuando se alinean sin fisuras con el discurso de la condena, pero cuestionan la legitimidad de una provincia entera cuando el resultado no les gusta? ¿Es convicción, comodidad... o complicidad? Tal vez habría que empezar a revisar también el rol de los grandes medios: no solo qué informan, sino a quién le hablan, y por qué lo hacen justo cuando lo hacen. Porque cuando el periodismo se transforma en editorial judicial, ya no informa: sentencia.