El fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, no solo constituye un atropello judicial sin precedentes contra la soberanía argentina. También deja al desnudo una alarmante pasividad de los actores políticos —especialmente de los gobernadores— ante una amenaza que apunta al corazón del federalismo y a la extranjerización de un recurso estratégico como Vaca Muerta.
El expresidente de YPF, Pablo González, fue tajante en su diagnóstico: “Lo que uno espera como hombre del interior es que los gobernadores reaccionen”. Y con razón. Porque de ese 51% de acciones que la jueza pretende forzar como compensación, el 49% pertenece a las provincias productoras, tal como lo establece la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Es decir, lo que está en juego no es solo el control accionario de la principal empresa energética del país, sino también la propiedad de los estados subnacionales sobre sus recursos.
No se trata de un fallo técnico: se trata de una operación geopolítica disfrazada de litigio financiero. Burford Capital, que compró por centavos los derechos de litigio en un proceso de quiebra en España, ahora busca quedarse con una porción clave del petróleo y gas argentino. Invirtió apenas 40 millones de dólares y hoy pretende cobrar más de 16.000 millones, un retorno escandaloso basado en un mecanismo jurídico que margina al Congreso, desconoce la inmunidad soberana y pasa por alto el carácter público de los activos involucrados.
La amenaza no es menor. Si el fallo se ejecutara —aunque es apelable y probablemente lo sea— se abriría una puerta peligrosa: una petrolera nacional con activos estratégicos bajo control de un fondo especulativo. Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional, se convertiría en moneda de cambio en una mesa de negociación que Argentina ni siquiera pidió sentar.
González recordó que sin la estatización de YPF en 2012, Vaca Muerta no habría sido desarrollada. Las inversiones, los acuerdos internacionales, el know-how local: todo eso nació del control estatal sobre YPF. Ceder ese control no sería simplemente perder una empresa; sería desmantelar el principal motor energético y exportador del país, en medio de una crisis económica que necesita, más que nunca, soberanía sobre los recursos.
El llamado a los gobernadores es urgente y legítimo. No pueden callar mientras una jueza extranjera intenta confiscar un bien que les pertenece. La defensa de los intereses provinciales no puede limitarse a declaraciones tibias ni a silencios cómplices. Hace falta un pronunciamiento claro, institucional, que articule con el Estado nacional una estrategia común frente a lo que es, a todas luces, una embestida coordinada por fondos buitre con respaldo político y judicial.
Lo que está en juego no es solo YPF. Es el modelo de país. Es el federalismo real. Es la decisión sobre quién maneja nuestros recursos: si lo hacen los gobiernos elegidos por el pueblo argentino o un puñado de fondos en Wall Street.
La política, en este punto, no puede titubear. Porque como bien advirtió González, Burford no quiere dinero: quiere Vaca Muerta. Y si el país no reacciona a tiempo, puede terminar perdiendo mucho más que un juicio.
Fuente: Pagina12