En una resolución tan desopilante como alarmante, la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF —es decir, el control mismo de su petrolera estatal— a los beneficiarios del juicio por la expropiación realizada en 2012. El fallo, que se enmarca en una demanda ya condenatoria por más de 16.000 millones de dólares, representa no solo una amenaza a la soberanía económica del país, sino un precedente jurídico que desconoce principios básicos del derecho internacional.
Preska dio un plazo de apenas 15 días para ejecutar la medida, aunque el Estado argentino tiene margen para apelar. Lo hará, sin dudas, no solo por la magnitud del impacto económico y político, sino porque la orden atraviesa límites que ni siquiera el propio gobierno de Estados Unidos se animó a cruzar: el Departamento de Justicia presentó meses atrás un escrito en el que advertía que una transferencia forzada de acciones de una empresa estatal violaría la ley de inmunidad soberana de ese país.
El beneficiario de esta medida es el fondo Burford Capital, una firma que no tiene intereses energéticos, ni productivos, ni geopolíticos en Argentina, sino que compró hace años los derechos litigiosos de este caso con fines puramente especulativos. Ahora, en una jugada agresiva, pretende quedarse con el capital estratégico de la principal empresa nacional, sin necesidad de comprar ni una acción en los mercados, sin pasar por el Congreso argentino, y sin que medie un solo voto democrático.
La decisión roza el absurdo. No solo porque intenta apropiarse de un bien soberano que no está bajo jurisdicción directa de una corte extranjera, sino porque incluso si el gobierno de Javier Milei —como sugiere parte del fallo— aceptara la orden, la transferencia violaría normas argentinas, exigiría una ley del Congreso, y además obligaría al comprador a hacer una oferta pública, algo que ni Burford quiere ni podría concretar.
“Desde hoy, YPF tiene que vivir con el fantasma de que un día una corte le diga que su propietario es un fondo buitre”, advirtió una fuente del caso. No es una exageración. Lo que está en juego no es la indemnización por una estatización, sino la puerta abierta a la enajenación forzada del control accionario de una empresa estratégica. Se trata de una reinterpretación forzada del concepto de compensación, donde un fondo de inversión privado termina convertido en dueño de una petrolera por la vía judicial.
Burford nunca quiso las acciones: quiere presionar para forzar una negociación ventajosa, y Preska acaba de ponerle sobre la mesa una herramienta sin precedentes. Lo que debería preocupar no solo al Gobierno argentino sino a cualquier país con recursos estratégicos es la liviandad con la que una jueza de otro país pretende ordenar la entrega de propiedad pública como si se tratara de un embargo de muebles.
Por eso el rechazo no solo debe venir del Gobierno argentino. Es imperioso que la Corte de Apelaciones revierta un fallo que desconoce la inmunidad soberana, contraría al propio Departamento de Justicia estadounidense, y vulnera toda lógica jurídica. Si no se pone freno a este tipo de decisiones, la extraterritorialidad judicial quedará consagrada como herramienta de saqueo financiero.
La Argentina puede haber cometido errores graves en el proceso de expropiación de YPF, pero ninguna irregularidad justifica este tipo de respuesta. Ni el monto del juicio, ni la conducta del Estado, ni la legislación de Nueva York pueden ser excusa para entregar activos estratégicos por decreto judicial. No es justicia: es pillaje institucionalizado.
Fuente: Infobae