El 26 de junio de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el Decreto 429/2025, que deroga la Ley 26.060 (“Ley de Fomento Algodonero”) y su reglamentación (Decreto 527/2007), dejando sin efecto el Plan de Desarrollo Sustentable y el Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA). Esta norma, vigente desde 2006, había sido clave para ampliar áreas de siembra, asegurar el abastecimiento de la industria textil y apuntalar a pequeños y medianos productores en ocho provincias, especialmente en Chaco.
La filial chaqueña de la Federación Agraria Argentina (FAA) expresó su “profundo rechazo” al decreto, calificándolo de “golpe duro, no solo para los productores sino para todos los chaqueños”. “El algodón es parte de nuestra identidad, nos permitió progresar con esfuerzo. Sentimos esta decisión como un menosprecio a lo que somos y a tantas generaciones que apostaron por este cultivo”, afirmaron dirigentes en La Tigra.
Para intentar mitigar ese quiebre, el gobierno provincial anunció aportes con recursos propios: - $415.000.000 pesos depositados en febrero de 2025 como segunda etapa de incentivos para insumos y combustible a quienes verificaron su siembra. Durante 2024 se destinaron $1.795 millones de pesos a programas algodoneros; en 2025 ya suman $2.781 millones.
Aunque estos desembolsos provinciales son significativos, no cubren todas las líneas de apoyo (investigación, seguros, extensión) que contemplaba el FCIPA, por lo que los dirigentes reclaman una herramienta integral y actualizada.
El exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, autor de la ley sancionada en 2006, advirtió que la medida “amenaza la sustentabilidad del complejo algodonero chaqueño” y acusó al presidente Milei y al gobernador Zdero de “desconocer la realidad productiva de la provincia”.
En respuesta, el gobierno provincial, a través del ministro de Producción Oscar Dudik, afirmó que “con fondos propios reemplazamos aquellos recursos previstos en la ley algodonera” y que “Chaco no quedará desamparado”. También anunciaron programas locales para “garantizar combate de plagas y asistencia técnica”, aunque sin detallar montos adicionales o cronogramas.
Otras agrupaciones como Bases Federadas enfatizaron el riesgo para los pequeños productores: Omar Faraña, de General San Martín, señaló que “unos 700 productores chaqueños perderán el apoyo, agravando la concentración de tierra y amenazando la diversidad rural”. FAA y Bases Federadas exigen una mesa de diálogo con Nación y Provincia para restituir, al menos, una herramienta de fomento modernizada.
La Ley 26.060, promovida por Jorge Capitanich y aprobada por unanimidad en 2006, creó un fondo destinado a compensar ingresos, financiar investigación y asistir a los algodoneros en situaciones adversas. Años de desactualización presupuestaria llevaron a que la provincia de Chaco aportara recursos propios para sostener el fondo, hasta su eliminación por decreto. Ahora, el sector exige recuperar una política pública adaptada a los desafíos actuales del cultivo.