Las universidades públicas vuelven a encender la protesta. Nueve meses después de la primera marcha de antorchas, miles de docentes, no docentes y estudiantes se movilizaron desde Plaza Houssay al Palacio Pizzurno en una postal que ya se convirtió en símbolo: la defensa de la universidad pública frente a un ajuste que no cesa y que profundiza el vaciamiento del sistema.
La marcha fue la expresión visible de una situación crítica: salarios que cayeron más del 90% frente a la inflación, renuncias masivas de docentes, abandono de cursadas por parte de estudiantes y partidas presupuestarias congeladas. La movilización se da en el marco de un paro de 48 horas y una campaña nacional para reunir un millón de firmas en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario, que apunta a garantizar una asignación progresiva de fondos hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.
No fue una marcha aislada. En Cuyo, La Plata, Tres de Febrero y otras regiones del país, las comunidades universitarias replicaron las protestas. Las acciones apuntan a la antesala de una tercera Marcha Federal prevista para el segundo semestre, mientras se deterioran las condiciones básicas de funcionamiento en las 67 universidades nacionales. En la Universidad de Rosario renunciaron más de 200 docentes en el último año. En la del Litoral, 151 desde diciembre. El abandono no es una hipótesis: ya está ocurriendo.
Ni la ministra Sandra Pettovello ni el secretario Carlos Torrendell dan respuesta. Tampoco hay avances en la paritaria docente ni soluciones ante la paralización de becas fundamentales como Progresar y Manuel Belgrano. Las ayudas estatales no solo quedaron desactualizadas sino que ahora son directamente inaccesibles por los nuevos requisitos que impone el Gobierno, con filtros que expulsan a los sectores populares.
El recorte no es accidental: responde a la lógica del Fondo Monetario y a un modelo económico que considera el conocimiento un gasto y no una inversión. Así lo señalaron docentes y estudiantes durante el acto frente a la Secretaría de Educación, donde se denunció que incluso el insumo básico en algunas universidades es hoy un bien escaso: “Lo único que se compra es lavandina”, graficó un dirigente gremial.
Un informe de ACIJ reveló que la inversión por estudiante es la más baja desde 2005. Aunque el Gobierno anunció una suba parcial del 29%, el presupuesto real del sector cayó un 33% respecto a 2023. La subejecución y el retraso en transferencias se agravan con el tiempo y ponen en duda la continuidad de clases, investigaciones y actividades de extensión.
El mensaje político de la protesta también fue claro: hay una disputa en curso en el Congreso y se busca presionar a los legisladores para que habiliten el tratamiento del proyecto de ley el próximo 2 de julio. La comunidad universitaria exige no solo presupuesto, sino también un posicionamiento frente a un eventual veto presidencial: ¿serán cómplices del ajuste o estarán del lado de las universidades?
La movilización cerró con un fuerte respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, a quien parte de la columna fue a saludar a su domicilio. En su figura se resumió el contraste: un pasado reciente de ampliación universitaria y políticas públicas, frente a un presente de desfinanciamiento y cerrazón ideológica.
Con frío, pero con convicción, las antorchas siguen encendidas. La universidad pública argentina no se entrega sin dar pelea.
Fuente: Pagina 12