La Fiscalía Federal solicitó una pena de cinco años de prisión para Aída Ayala, exintendenta de Resistencia y exdiputada nacional por la UCR, en el marco de un juicio por defraudación al Estado. El pedido fue presentado este viernes durante los alegatos del Ministerio Público Fiscal en los tribunales federales de la capital chaqueña.
La causa se centra en presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Ayala como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, cargo que ocupó entre 2015 y 2017 bajo la presidencia de Mauricio Macri. Según la investigación, se habrían direccionado contrataciones públicas en beneficio de la empresa «Service Hogar», propiedad de Claudio Tolosa, mediante la compra de herramientas y maquinaria con fondos del programa nacional «Mi Pueblo», canalizados a través del municipio de Quitilipi. El monto involucrado asciende a $998.537, de los cuales Tolosa habría recibido $960.093,32 mediante un cheque que fue retirado casi en su totalidad en los días siguientes.
Además de Ayala, están imputados el exintendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, y los asesores municipales Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, quienes habrían sido enviados por Ayala para asesorar al municipio. Todos enfrentan cargos por fraude en perjuicio de la administración pública, delito que contempla una pena máxima de seis años de prisión.
Este juicio se suma a otros procesos judiciales que enfrenta Ayala. En febrero de 2024, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por fraude a la administración pública en la causa conocida como «Lavado II», relacionada con la contratación de la empresa PIMP S.A. para la recolección de residuos en Resistencia.
Durante el actual debate oral, que se prevé durará cinco audiencias, están citados a declarar 30 testigos, entre ellos el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el exintendente de Resistencia, Jorge Capitanich. El fiscal federal del juicio, Federico Carniel, sostiene que existió una maniobra defraudatoria que involucró a funcionarios y empresarios con vínculos preexistentes, y que se detectaron precios muy por encima del valor de mercado en las contrataciones.
La defensa de Ayala ha negado las acusaciones y sostiene que se trata de una causa armada con fines políticos. La resolución final del tribunal se espera en las próximas semanas.