Es en rechazo a un proyecto de ley que, según denuncian, pretende desenganchar sus salarios del esquema vigente de equiparación con la media nacional, para beneficiar únicamente a los jueces. La medida se enmarca en un clima de creciente malestar dentro del sector, tras una audiencia celebrada el 11 de abril en la causa “Alonso de Martina y otros s/ Acción de Amparo”, donde participaron representantes de los tres poderes del Estado y se acordó un cuarto intermedio de 30 días para redactar una nueva propuesta legislativa.
De acuerdo con los gremios judiciales, la iniciativa en discusión buscaría modificar la Ley 3424 A, sancionada en 2021, que establece ajustes salariales basados en la media regional del NEA como paso intermedio hacia la equiparación con la media nacional. Además, denuncian que se intentaría crear una bonificación exclusiva para magistrados, dejando afuera al resto del personal judicial, y derogar la Ley 468 A, que asegura la porcentualidad de los salarios en toda la estructura del Poder Judicial. Esta modificación representaría, según los gremios, un retroceso en derechos conquistados tras años de lucha, incluyendo el reconocimiento de las Mesas Técnicas Salariales como instancia de diálogo entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y los trabajadores.
La convocatoria al paro incluye advertencias sobre la posible profundización del conflicto en caso de no haber avances concretos. “No permitiremos que se vulneren nuestros derechos mientras se beneficia a unos pocos”, sostienen las entidades sindicales, que exigen el cumplimiento de la ley vigente y rechazan cualquier intento de segmentar el esquema salarial. En paralelo, preparan movilizaciones para visibilizar el reclamo, en un contexto donde ya se había derogado el Decreto 3514/23, que fijaba pautas salariales en función de la media nacional, sumando una nueva tensión entre el personal judicial, el gobierno provincial y los magistrados.