Una mujer de 22 años, sus dos hijos y dos sobrinos murieron en una vivienda incendiada. Su pareja, de 25 años, permanece detenida como principal sospechoso. La Policía reconstruyó una secuencia de extrema violencia que deberá ser corroborada por la Justicia.
La localidad chaqueña de Quitilipi está conmocionada por la muerte de Rocío Aranda, de 22 años, y cuatro niños de entre seis meses y cinco años. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, en una vivienda del barrio Matadero. Lo que comenzó como una intervención por un incendio derivó en una investigación por un presunto femicidio y homicidio múltiple.
El principal sospechoso es Alberto Luis Ávalos, de 25 años, pareja de la joven y padre del bebé más pequeño. Fue encontrado inconsciente frente a la vivienda y posteriormente quedó detenido a disposición de la Justicia.
La reconstrucción policial de los crímenes
Según explicó el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que Ávalos habría estrangulado a Rocío y atacado con un arma blanca a tres niños que se encontraban en la casa.
Las víctimas menores eran un hijo de Rocío, de cuatro años, dos sobrinos de cinco y cuatro años, y un bebé de seis meses, hijo de la joven y del detenido.
De acuerdo con la reconstrucción policial, después de los ataques el sospechoso habría provocado el incendio de la vivienda e intentado quitarse la vida mientras sostenía al bebé en brazos. El pequeño falleció, aparentemente por inhalación de humo, aunque la causa precisa deberá ser establecida mediante la autopsia.
Los primeros exámenes médicos detectaron heridas cortantes en el cuello de los tres niños encontrados dentro de la casa. Los investigadores también secuestraron un cuchillo con manchas similares a sangre, sogas, teléfonos celulares y otros elementos que serán sometidos a peritajes.
El sospechoso fue trasladado a una unidad penitenciaria
Ávalos recibió asistencia médica en el hospital local, donde se informó preliminarmente un cuadro de psicosis aguda y signos compatibles con una posible intoxicación por sustancias. Estos datos requieren estudios complementarios y no permiten establecer las causas de lo ocurrido ni su responsabilidad penal.
El fiscal subrogante Gustavo Valero, de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, ordenó su detención y la realización de las autopsias de las cinco víctimas.
Durante la jornada del domingo, el acusado fue trasladado al Complejo Penitenciario N.º II de Sáenz Peña, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.
Cinco muertes que exigen respuestas
La investigación deberá esclarecer las circunstancias de cada muerte, determinar cómo se desarrollaron los hechos y establecer las responsabilidades penales.
El caso también vuelve a plantear la gravedad de la violencia de género y sus consecuencias sobre niñas y niños. La muerte de Rocío Aranda, sus dos hijos y sus dos sobrinos deja a una familia destruida y a toda una comunidad esperando respuestas de la Justicia.