Dos bebés de cuatro meses y una mujer embarazada murieron en poco más de un mes. Las comunidades indígenas denuncian desnutrición, falta de alimentos y graves deficiencias en la atención sanitaria. Los problemas habían llegado meses antes a la Justicia, que obligó al Gobierno de Leandro Zdero a garantizar medicamentos. Esta semana, mientras madres y abuelas qom reclamaban frente al hospital, hubo un fuerte despliegue policial.
La situación sanitaria de Pampa del Indio vuelve a quedar en el centro de la escena después de tres muertes que golpearon a las comunidades indígenas de la zona.
El 27 de septiembre murió Nehemías Paredes, un bebé de cuatro meses que había ingresado con vida al hospital Dante Tardelli con bajo peso, deshidratación y dificultades respiratorias.
Un mes antes, el 26 de agosto, había fallecido Fernando Dylan Méndez, también de cuatro meses. Según las denuncias difundidas por referentes comunitarios, ingresó con dificultades respiratorias, deshidratación y signos de desnutrición.
El 30 de agosto murió Sara Torres, de 30 años, embarazada y madre de tres niños. Vivía en el paraje Cancha Larga y atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad. Su fallecimiento fue relacionado con un cuadro de anemia grave.
Las comunidades vinculan estos casos con el hambre, la pobreza y las dificultades para acceder a una atención sanitaria adecuada.
La crisis había llegado a la Justicia
Lo ocurrido no apareció de un día para otro.
En mayo, 24 referentes de más de 30 comunidades qom presentaron una acción de amparo contra el Gobierno provincial. Denunciaron centros sanitarios sin médicos suficientes, escasez de medicamentos, dificultades con las ambulancias y familias que recorrían largas distancias para conseguir un turno.
El 26 de mayo, el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°1 de Juan José Castelli ordenó al Ministerio de Salud del Chaco garantizar de manera inmediata, gratuita y continua medicamentos esenciales en el hospital de Pampa del Indio y en los centros rurales.
La medida puso especial atención en niños, embarazadas, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas. El tribunal consideró acreditado un riesgo para la salud y la vida de las comunidades afectadas.
El Gobierno provincial apeló.
La Cámara de Apelaciones de Castelli rechazó el planteo de la Fiscalía de Estado y confirmó la cautelar a fines de junio. La Justicia mantuvo así la obligación del Ministerio de Salud de asegurar medicamentos y continuidad de tratamientos.
En julio, durante una audiencia con funcionarios provinciales, los referentes indígenas volvieron a describir falta de insumos, poco personal médico permanente y problemas para trasladar pacientes en situaciones de emergencia.
Es decir, cuando ocurrieron las tres muertes, las autoridades provinciales ya conocían desde hacía meses la gravedad de los reclamos.
Pidieron pediatras, ambulancias y atención las 24 horas
Después de la muerte de Nehemías, madres y abuelas qom volvieron a movilizarse frente al hospital Dante Tardelli.
El 6 de octubre entregaron un petitorio a las autoridades sanitarias. Solicitaron médicos de guardia las 24 horas, pediatras permanentes, obstetricia, técnicos de laboratorio y rayos X, medicamentos suficientes y ambulancias en condiciones para realizar derivaciones.
El documento fue recibido por la directora del hospital, Andrea Maidana. También participaron el jefe regional de Salud de General San Martín, Pablo Martín Jokmanovich; el director de Regiones Sanitarias, David Pagano; y el subsecretario de Redes de Salud, Leandro Federico Pradel.
Mientras las mujeres esperaban respuestas, alrededor del hospital se desplegó un fuerte operativo de seguridad.
La cobertura realizada desde la propia comunidad qom registró más de cuatro filas de policías, personal de civil y un camión de la Policía del Chaco preparado para el lanzamiento de gas.
Tampoco era la primera vez. El 29 de abril, durante protestas indígenas en las rutas provinciales 3 y 4, el Gobierno desplegó a la Policía para impedir los cortes. El Ejecutivo sostuvo entonces que debía garantizar la libre circulación, denunció hechos violentos y aseguró que no negociaría bajo “presión y extorsión”.
Sin respuestas de las autoridades
La crisis sanitaria estaba denunciada, judicializada y en conocimiento del Gobierno desde hacía meses. Sin embargo, las comunidades qom siguen reclamando médicos, medicamentos y ambulancias. En ese contexto murieron dos bebés de cuatro meses y una mujer embarazada. Ahora el Gobierno de Zdero debe explicar por qué esas respuestas llegaron tarde o todavía no llegaron.