La suspensión preventiva del juez Gustavo Rodolfo Lineras en la provincia del Chaco generó un fuerte pronunciamiento de la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina. El organismo advirtió que la medida constituye una afectación directa a la independencia judicial, ya que se utilizó un mecanismo disciplinario para sancionar el contenido de una decisión jurisdiccional.
La resolución Nº 394 del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, emitida el 18 de junio de 2026, admitió una acusación y dispuso la suspensión del magistrado de la Cámara Primera en lo Criminal de la II Circunscripción Judicial. El caso se originó en un hábeas corpus preventivo dictado por Lineras, que derivó en acusaciones cruzadas con el fiscal César Collado, quien también fue suspendido.
El comunicado de la Red de Juezas y Jueces Penales subrayó que la responsabilidad de los magistrados no puede basarse en el contenido de sus fallos, ya que ello proyecta un efecto disuasorio sobre toda la judicatura y debilita la capacidad de los jueces para ejercer control de legalidad y proteger derechos fundamentales. Reafirmó además que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de la ciudadanía.
La reacción política no tardó en llegar. El Partido Justicialista del Chaco denunció que la suspensión busca callar a un juez para proteger a un fiscal cercano al poder provincial. Por su parte, la Federación Argentina de la Magistratura ya había advertido meses atrás sobre prácticas que condicionan la autonomía judicial en la provincia.
El caso Lineras se convierte en un punto de inflexión para el sistema judicial argentino. La señal institucional que proyecta esta suspensión amenaza con instalar un clima de presión sobre los magistrados y abre un debate nacional sobre la necesidad de preservar la independencia judicial como garantía esencial de los derechos fundamentales y de la confianza ciudadana en las instituciones.