A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes 26 de mayo en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dejó sin efecto el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad y otros colectivos alcanzados por la normativa vigente.
La medida deroga las resoluciones 717/2018, 567/2019, 536/2022 y 549/2023, que establecían mecanismos de compensación parcial del Estado para cubrir los boletos gratuitos que las compañías debían garantizar por ley.
Fueron muchas las voces que se levantaron, entre ellas Valentina Bassi, actriz y madre de un niño con discapacidad: «Ya costaba un montón conseguir pasajes de larga distancia para las personas con discapacidad y su acompañante. Imaginate ahora, yo no sé hasta dónde va a llegar este gobierno con su crueldad pero tampoco sé hasta dónde nosotros como sociedad vamos a seguir naturalizando la pérdida de derechos ya adquiridos».
El régimen alcanzaba a los servicios de transporte interjurisdiccional de larga distancia e incluía los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer, en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
Sin embargo, el texto oficial aclara que la decisión “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, el cual continúa “plenamente vigente y exigible”. De este modo, las empresas deberán continuar otorgando pasajes gratuitos, aunque ya no recibirán compensaciones económicas del Estado por dichos servicios.
Desde el Foro Permanente de Discapacidad expresaron la “preocupación por una nueva medida que puede traducirse en más obstáculos para el acceso efectivo al transporte”.
Las organizaciones advirtieron en un comunicadoque “en un contexto de atraso arancelario, desfinanciamiento y recorte de políticas públicas, decisiones como esta continúan poniendo en riesgo derechos fundamentales de las personas con discapacidad”. De todos modos aclararon que legalmente sigue vigente la gratuidad y que las empresas deben garantizarlo.
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