En medio de una creciente controversia por la política exterior del Gobierno, un grupo de diputados nacionales salió a marcar límites institucionales frente al posicionamiento adoptado por Javier Milei en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución que no solo propone declarar la neutralidad de la Argentina, sino también desautorizar las expresiones del Ejecutivo que ubican al país en una posición alineada con uno de los bandos.
La iniciativa, respaldada por 24 legisladores, pone el foco en una cuestión de fondo: quién tiene la potestad de involucrar al país en un conflicto internacional. Según argumentan, el Presidente habría avanzado sobre atribuciones exclusivas del Congreso, en particular las establecidas en el artículo 75 inciso 25 de la Constitución Nacional, que reserva al Poder Legislativo la facultad de declarar la guerra o hacer la paz.
El texto es explícito. Afirma que “Argentina no es parte beligerante” y reafirma la tradición diplomática de resolver controversias por vías pacíficas. Pero además va un paso más allá: plantea que las declaraciones del Gobierno “contrarían” compromisos internacionales asumidos por el país y exige que el Poder Ejecutivo se abstenga de cualquier acción que implique colaboración en el conflicto.
En ese sentido, el proyecto enumera una serie de prohibiciones concretas: desde el envío de tropas o armamento, hasta la cesión de bases, aeropuertos o infraestructura militar. También incluye la negativa a prestar servicios de inteligencia o apoyo logístico a fuerzas extranjeras, en un intento de cerrar cualquier margen de participación indirecta.
Uno de los autores de la iniciativa, el diputado Juan Marino, explicó que el objetivo es “dejar en claro que la Argentina no reconoce enemigos en ninguno de los bandos” y que debe sostener su histórica vocación de paz. La propuesta también busca obligar al Ejecutivo a transparentar posibles acuerdos internacionales: se le solicita informar en un plazo de diez días los detalles de convenios firmados con Estados Unidos en materia de defensa y seguridad.
El proyecto incluye, además, un componente diplomático. Propone comunicar la posición argentina a organismos internacionales como la ONU, la OEA y la CELAC, así como a los gobiernos involucrados en el conflicto, reforzando la idea de una postura regional basada en la no intervención.
El trasfondo político es evidente. Las declaraciones de Milei, en las que calificó a Irán como enemigo y expresó un alineamiento sin matices con Estados Unidos e Israel, encendieron alarmas en sectores de la oposición que ven en esa postura una ruptura con la tradición de neutralidad argentina en conflictos internacionales.
La discusión, en definitiva, excede el plano coyuntural. Lo que está en juego es el alcance de la política exterior en un sistema democrático: si puede definirse desde el Poder Ejecutivo mediante declaraciones públicas o si requiere, como plantea la Constitución, un aval institucional más amplio. En ese cruce, el Congreso intenta recuperar protagonismo frente a un Gobierno que, en materia internacional, parece decidido a avanzar sin demasiados contrapesos.