La renuncia de Marcelo Alvarenga a la dirección de la Escuela de Educación Primaria N° 982, en el paraje Río Muerto Cruz de El Espinillo, puso en primer plano la situación de los comedores escolares en Chaco. El docente decidió dejar el cargo jerárquico y volver a ser maestro de grado tras denunciar que con los montos asignados por alumno no puede garantizarse una prestación alimentaria real y que el sistema de rendiciones empuja a declarar menúes que no se corresponden con lo que efectivamente puede servirse. En sus publicaciones y en declaraciones reproducidas por medios locales, sostuvo que con $800 por alumno “no alcanza” y que no está dispuesto a “jugar con la necesidad de los niños”.
El caso tomó fuerza porque la escuela está ubicada en una zona especialmente vulnerable de El Impenetrable y porque Alvarenga vinculó su decisión con la imposibilidad de sostener desayuno y almuerzo para 77 chicos de la comunidad Qom. En su planteo también cuestionó que los cálculos oficiales no contemplan costos básicos de funcionamiento, entre ellos los productos de limpieza necesarios para mantener la cocina y los utensilios en condiciones. La denuncia agregó un elemento político sensible: el propio docente afirmó que había acompañado electoralmente a Leandro Zdero, pero que no iba a aceptar un esquema que, según describió, termina descargando el ajuste sobre los alumnos.
Un conflicto que ya tenía antecedentes
La renuncia de Alvarenga apareció pocas semanas después de otra denuncia en El Sauzalito. En marzo, docentes de la Escuela de Jornada Completa N° 821 advirtieron que la partida diaria por alumno había bajado de unos $1.200 a alrededor de $820 en primaria y que en secundaria se había eliminado el almuerzo. El planteo volvió a concentrarse en el mismo punto: la distancia entre los valores administrativos y el costo real de sostener un comedor en localidades del interior profundo, donde la logística y los precios agregan presión sobre un presupuesto ya ajustado.
La secuencia dejó al descubierto un problema más amplio. En febrero, el Gobierno provincial había anunciado que el servicio de comedor y refrigerio estaba garantizado para el ciclo lectivo 2026 en más de 1.700 instituciones educativas. La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, presentaron entonces el esquema como una política asegurada por decisión del gobernador.
El contraste entre esa definición oficial y las denuncias de las escuelas es el punto central del conflicto. En los papeles, el servicio fue garantizado. En las denuncias que llegaron desde El Impenetrable, los directivos y docentes describen raciones imposibles de sostener, menús que no reflejan la comida efectivamente disponible y una presión administrativa que termina trasladando la responsabilidad a quienes están frente a los chicos todos los días.
La crisis deja de ser una queja aislada
La salida de Alvarenga le dio a ese malestar una dimensión mayor, porque ya no se trató sólo de una protesta o de un descargo en redes. Hubo una renuncia concreta de un director que prefirió dejar el cargo antes que seguir firmando una operatoria que considera inviable. Ese gesto volvió visible una discusión de fondo sobre la gestión alimentaria en las escuelas del Chaco, en especial en las zonas donde el comedor escolar cumple una función decisiva para la permanencia y la salud de los alumnos.
La crisis de los comedores escolares ya golpea de lleno a la gestión provincial y expone una responsabilidad política directa del Ejecutivo de Leandro Zdero.