La jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, citó a declaración indagatoria para el 23 de abril a los ex oficiales del Ejército Aldo Héctor Martínez Segon y Luis Alberto Patetta, y a los ex policías del Chaco José Francisco Rodríguez Valiente y Gabino Manader, en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1976. Están acusados por privaciones ilegales de la libertad, desaparición forzada de personas y tormentos en perjuicio de Raúl María Caire, Hegilberto Ricardo Nadalich y Raúl Antonio Méndez, además del secuestro y las torturas sufridas por Luisa Rodríguez de Caire y sus dos hijos pequeños.
La audiencia fue fijada para las 9, se realizará de manera virtual y estará a cargo del Ministerio Público Fiscal la lectura de la imputación y de las pruebas que sostienen la acusación. La resolución difundida este lunes 30 de marzo retoma hechos ocurridos entre noviembre de 1976 y enero de 1977, con víctimas secuestradas en Resistencia y Corrientes y trasladadas a centros clandestinos de detención que funcionaron en la Jefatura de Policía y en la Brigada de Investigaciones del Chaco.
Tres desaparecidos y una familia secuestrada
Según el expediente, Raúl María Caire fue secuestrado junto a su familia el 2 de noviembre de 1976 en su domicilio de Resistencia por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía. Luego fue llevado al centro clandestino que funcionó en un departamento de la Jefatura de Policía del Chaco y fue visto por última vez el 12 de diciembre de ese año dentro de la Alcaidía Policial, con signos de haber sido torturado.
Su esposa, Luisa Rodríguez, y sus hijos, de 2 años y 10 meses, permanecieron cautivos durante un mes y 23 días en la Brigada de Investigaciones. La causa describe que estuvieron alojados en una habitación en condiciones infrahumanas, sin alimentación, higiene ni vestimenta adecuadas. Luisa fue sometida a torturas y los niños sufrieron consecuencias en su salud por las condiciones de detención.
La imputación también incluye los casos de Raúl Antonio Méndez, detenido el 6 de noviembre de 1976 en Corrientes y trasladado a Resistencia, y de Hegilberto Ricardo Nadalich, capturado un día después cerca de la capilla San Pablo, también en Corrientes. Ambos fueron llevados a la Brigada de Investigaciones, sometidos a tormentos y vistos por última vez con vida en muy malas condiciones físicas. Desde entonces permanecen desaparecidos.
Quiénes eran las víctimas y en qué otras causas aparecen los imputados
La causa también reconstruye la trayectoria de las víctimas. Caire había nacido en Entre Ríos, fue trabajador bancario, dirigente de la Asociación Bancaria y militante de la Juventud Peronista en Concordia, ciudad que debió abandonar tras amenazas de la Triple A. Méndez, oriundo de Santa Lucía, Corrientes, se vinculó desde joven a las Ligas Agrarias, trabajó como docente rural y militaba en la Juventud Universitaria Peronista mientras estudiaba Medicina en la Universidad Nacional del Nordeste. Nadalich, nacido en una zona rural de Reconquista, fue uno de los referentes del Movimiento Rural Católico y tuvo un papel destacado en la organización campesina en distintas provincias del país.
Los cuatro imputados ya habían aparecido en otros expedientes por delitos de lesa humanidad en la región. Martínez Segon y Patetta figuran entre los condenados de la causa por la Masacre de Margarita Belén, según los registros de condenados del Ministerio Público Fiscal. Los cuatro, además, fueron acusados y luego condenados en el juicio “Conscriptos”, en el que se investigaron privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra soldados conscriptos y otras víctimas en Resistencia.
También vuelven a aparecer en la causa “Caballero IV”, donde la Cámara Federal de Resistencia confirmó en 2025 los procesamientos de Martínez Segon, Patetta, Rodríguez Valiente y Manader por secuestros, tormentos y violación de domicilio contra 23 víctimas. En el caso de Rodríguez Valiente y Manader, además, sus nombres ya habían estado en la causa “Caballero III”, que terminó con condenas en 2021.
Un nuevo avance judicial sobre crímenes cometidos en 1976
La indagatoria del 23 de abril suma un nuevo capítulo en las investigaciones por el circuito represivo que operó entre Chaco y Corrientes durante la última dictadura. Los hechos atribuidos a los imputados incluyen secuestros coordinados por fuerzas conjuntas, funcionamiento de centros clandestinos, torturas sistemáticas y desapariciones forzadas. Entre las víctimas hubo también una mujer cautiva junto a sus dos hijos pequeños, un dato que expone con especial crudeza la mecánica del terrorismo de Estado en la región.
La resolución de la jueza Niremperger abre una instancia clave para avanzar sobre responsabilidades concretas en hechos cometidos hace casi medio siglo. En causas de lesa humanidad, cada paso judicial tiene un peso propio: acerca verdad, sostiene memoria y empuja justicia sobre crímenes que siguen reclamando respuesta.