La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos elementos tras la ampliación de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien incorporó información sobre una supuesta propiedad no declarada en la provincia de Buenos Aires.
Según el planteo presentado ante el Juzgado Federal N° 1, la investigación ahora incluye la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que no figuraría en las declaraciones juradas del funcionario ante la Oficina Anticorrupción. La causa, caratulada por enriquecimiento ilícito, avanza con la incorporación de nuevos testimonios y documentación.
De acuerdo al escrito, la propiedad habría sido construida por Adorni junto a su pareja, Bettina Angeletti, en un lote ubicado dentro del complejo residencial. Como elemento adicional, se menciona que las expensas del terreno estarían registradas a nombre de Angeletti, lo que podría indicar un vínculo patrimonial no declarado.
La presentación también pone el foco en la última declaración jurada pública del funcionario, correspondiente a 2024, donde solo se consignan dos inmuebles —uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata— sin referencias a bienes en countries o barrios cerrados. En ese marco, se plantea una posible inconsistencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos atribuido, que incluiría viajes internacionales y otros consumos relevantes.
En términos legales, la denuncia contempla posibles delitos como enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de la Ley de Ética Pública. A partir de esto, se solicitaron diversas medidas de prueba, entre ellas informes a organismos oficiales, entidades financieras y una eventual inspección en el predio mencionado.
La causa se suma a una investigación previa iniciada a partir de otra presentación de Pagano, en la que se cuestionaba la falta de presentación de la declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025.
Por el momento, el expediente se encuentra en etapa de recolección de pruebas y no hay definiciones judiciales, mientras el caso comienza a tener impacto político en medio de un contexto de creciente exposición del funcionario dentro del Gobierno.