El fallo del Juzgado Laboral Nº 3 de Resistencia le dio aire a los trabajadores del Ministerio de Producción, pero no cerró el conflicto. El juez Sergio Andrés Bosch ordenó reliquidar y pagar la diferencia del Fondo Estímulo Productivo correspondiente a enero de 2026, al considerar ilegítima la rebaja aplicada por la Resolución 81/26. El Gobierno, sin embargo, salió de inmediato a relativizar el alcance de la medida, remarcó que no está firme y anticipó que sostendrá su defensa en la Justicia.
La decisión judicial obliga al ministerio a dejar sin efecto, para ese mes, la reducción del plus que había llevado el adicional desde más de 1,5 millones de pesos por agente a poco más de 136 mil. Bosch entendió que la Resolución 1348/25 seguía vigente y que el recorte fue un exceso de la administración. También advirtió que, si hay incumplimiento arbitrario, injustificado o malicioso, podría dar intervención a Fiscalía de Estado y al Tribunal de Cuentas para eventuales acciones administrativas, civiles y penales.
La clave del pronunciamiento es que se trata de una tutela anticipada. Es decir, una medida provisoria que ordena una corrección inmediata sobre la liquidación de enero, mientras la cuestión de fondo sigue abierta. Ese punto fue el que el Gobierno salió a explotar políticamente en su respuesta oficial.
En su comunicado, el Poder Ejecutivo sostuvo que la resolución “sólo ordena reliquidar el mes de enero”, que “no se encuentra firme” y que “no resuelve la cuestión de fondo”. Además, afirmó que la medida no cuestiona la reforma del sistema de liquidación impulsada por la gestión, sino únicamente la revisión de ese mes puntual. En la misma línea, avisó que cualquier eventual cumplimiento se hará “conforme a las disponibilidades presupuestarias vigentes y los mecanismos administrativos establecidos”.
Esa respuesta deja ver con bastante claridad la estrategia oficial: reconocer lo mínimo indispensable, acotar el alcance del revés judicial y ganar tiempo. No discute que hubo una orden del juez, pero intenta encerrarla en enero y mantener abierta la pelea sobre el resto del esquema. La señal política es clara: el Gobierno no da por cerrado el conflicto y ya adelantó que su interpretación del fallo será restrictiva.
Con este escenario, las expectativas ahora están puestas en lo que haga el Ejecutivo. El juez ya dijo que la rebaja aplicada en enero fue ilegítima y ordenó reliquidar ese mes. El Gobierno respondió que sólo pagará enero si corresponde y que seguirá defendiendo su reforma del sistema. La discusión, entonces, se traslada de la sentencia al cumplimiento.
La pregunta inmediata ya no es si hubo un recorte ilegal, porque eso quedó establecido en esta instancia. La pregunta es si el Gobierno va a cumplir de manera efectiva o si intentará convertir un fallo judicial en una corrección mínima, limitada a un solo mes, mientras sostiene el resto del ajuste. Ahí están puestas hoy todas las expectativas.