La provincia de Corrientes convocó para el 8 de abril la audiencia pública ambiental por el segundo puente Chaco-Corrientes, una instancia necesaria para que el proyecto continúe su recorrido administrativo. La novedad reactiva una obra estratégica para la región, pero también vuelve a poner el foco sobre una demora central: el financiamiento internacional estaba aprobado desde 2023 y, aun así, la audiencia del lado correntino fue postergada durante un año.
La audiencia llega después de una postergación decidida por Corrientes
La convocatoria fue formalizada por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente y se realizará en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UNNE, en la capital correntina. El expediente del proyecto “Conexión Física entre Chaco y Corrientes” podrá consultarse entre el 18 de marzo y el 6 de abril.
Pero el dato político más relevante no es la fecha de la audiencia, sino por qué recién se realiza ahora. En enero de 2025, el gobierno de Corrientes resolvió aplazar por doce meses esa audiencia pública, un trámite técnico indispensable para avanzar con el proyecto ejecutivo. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 26 y se justificó en los “plazos inciertos de respuesta” de la Dirección Nacional de Vialidad y en documentación pendiente para continuar el proceso.
Eso deja un punto claro: la demora concreta de esta etapa llevó firma de la provincia de Corrientes. El gobierno correntino atribuyó ese aplazamiento a la falta de respuestas nacionales, pero el acto administrativo que frenó la audiencia fue provincial. En otras palabras, Nación y Corrientes pueden discutir responsabilidades, pero el paso que no se hizo en tiempo y forma era el que debía resolver Corrientes.
La plata estaba aprobada, pero la obra siguió detenida
El freno resulta todavía más llamativo porque el proyecto ya contaba con financiamiento aprobado. En noviembre de 2023, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció una línea de crédito de 700 millones de dólares y un primer préstamo individual de 345 millones para el programa de conectividad Chaco-Corrientes, que incluye la construcción del nuevo puente, sus accesos y obras complementarias.
Según el BID, esa primera operación financia la primera fase de la nueva conexión vial, la supervisión de obra, acciones de mitigación socioambiental y tareas de fortalecimiento institucional vinculadas al sistema de gestión y mantenimiento de grandes puentes. Es decir, no se trataba de una idea sin respaldo financiero, sino de una obra con apoyo crediticio internacional ya aprobado.
Ese dato modifica el eje de la discusión. La audiencia no se demoró porque el proyecto careciera de financiamiento. La demora se produjo en una etapa administrativa y ambiental que debía resolverse para que la iniciativa siguiera avanzando. Y esa instancia quedó suspendida durante un año del lado correntino.
Un paso importante, pero no definitivo
La convocatoria del 8 de abril vuelve a poner en movimiento el expediente y permite retomar un trámite clave. Pero no equivale al inicio de la obra. La audiencia pública es una condición necesaria para destrabar el proceso, no una garantía de ejecución inmediata. Después vendrán las resoluciones administrativas, la validación final del proyecto y las decisiones políticas que terminen de empujar una infraestructura largamente esperada por Chaco y Corrientes.
Lo que deja esta nueva etapa es una conclusión concreta: el segundo puente tenía financiamiento aprobado, pero igual acumuló un año de demora en una instancia que Corrientes debía realizar. La provincia explicó esa postergación por la falta de definiciones nacionales, pero el hecho político y administrativo es que la audiencia que faltaba era la correntina. Recién ahora ese trámite empieza a saldarse.