Impulsan declarar la emergencia económica y social por las inundaciones y crecen las críticas por la ausencia del Estado nacional
La Legislatura de Tucumán analiza un proyecto para declarar la emergencia económica y social por 180 días a raíz de las inundaciones que en las últimas semanas provocaron graves daños en viviendas, infraestructura y actividades productivas en distintos puntos de la provincia. La iniciativa cuenta con el respaldo del oficialismo y de sectores de la oposición, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos a la escasa presencia del Estado nacional frente a este tipo de catástrofes.
El proyecto fue impulsado por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, del bloque Justicialista, y busca otorgar herramientas extraordinarias al Poder Ejecutivo provincial para atender la situación generada por las lluvias excepcionales que afectaron a miles de familias.
La propuesta establece que la declaración de emergencia tiene como objetivo asistir a los damnificados, contribuir a la recuperación de las actividades económicas y facilitar la implementación de medidas urgentes destinadas a mitigar el impacto social y productivo provocado por el temporal. El texto contempla además la posibilidad de prorrogar la emergencia por un período similar si las condiciones lo requieren.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de legisladores de diferentes espacios políticos, entre ellos José Cano, Walter Berarducci y los peronistas Roberto Moreno, Maia Martínez y Roque Argañaraz.
La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas excepcionales para enfrentar la crisis, incluyendo la reasignación de partidas presupuestarias, la implementación de programas extraordinarios de asistencia social, sanitaria y alimentaria y el desarrollo de acciones destinadas a acompañar a las familias y a los sectores productivos afectados.
Además, el proyecto establece que la Provincia deberá priorizar la reparación de infraestructura pública dañada, el restablecimiento de servicios esenciales y la ejecución de políticas de prevención y gestión del riesgo hídrico ante fenómenos climáticos extremos que, según especialistas, se vuelven cada vez más frecuentes.
En ese marco, distintos sectores políticos comenzaron a advertir también sobre la falta de políticas nacionales de asistencia frente a emergencias climáticas. Desde el inicio de las inundaciones, la ayuda proveniente del gobierno central ha sido limitada, lo que obliga a las provincias a enfrentar con recursos propios situaciones de alto impacto social.
Las críticas apuntan a la administración encabezada por Javier Milei, cuyo esquema de fuerte ajuste fiscal redujo significativamente la presencia del Estado nacional en programas de asistencia y obras vinculadas a la prevención de desastres naturales. Gobernadores y legisladores de distintas provincias vienen señalando que la retirada del financiamiento nacional deja a las jurisdicciones más expuestas frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos.
El proyecto de emergencia también autoriza al Ejecutivo provincial a otorgar subsidios, ayudas económicas directas y programas especiales de asistencia para familias y sectores productivos perjudicados por las inundaciones, con el objetivo de acelerar la recuperación económica y social de las zonas afectadas.
En declaraciones públicas, Vargas Aignasse sostuvo que la prioridad debe ser asistir a los damnificados y destacó la necesidad de que toda la dirigencia política actúe con responsabilidad frente a la crisis. “Lo importante es ocuparnos de la gente afectada en este momento, sin banderías políticas. Todos los dirigentes tenemos que concentrarnos en ayudar a quienes sufrieron las consecuencias de la inundación”, afirmó.
En los fundamentos del proyecto se destaca el carácter excepcional de las precipitaciones registradas en la provincia. Según los datos citados en la iniciativa, en algunas jornadas se acumularon cerca de 170 milímetros de lluvia, mientras que el registro mensual ya ronda los 700 milímetros, cuando el promedio anual de precipitaciones en Tucumán se ubica en torno a los 1.300 milímetros.
El escenario, advierten especialistas y dirigentes locales, vuelve a poner en evidencia la necesidad de políticas públicas coordinadas entre Nación y provincias para enfrentar fenómenos climáticos extremos que, lejos de ser episodios aislados, comienzan a formar parte de una nueva realidad ambiental.