Martín Alberto Ríos, hasta hace pocos días integrante del entorno político del senador nacional chaqueño Juan Cruz Godoy, irá a juicio oral en Resistencia acusado en tres causas por delitos contra la integridad sexual. La elevación a juicio fue requerida por la Fiscalía de Investigación 14 el 15 de diciembre de 2025 y el caso deberá ser analizado por la Cámara Primera en lo Criminal de la capital chaqueña.
La gravedad judicial del expediente ya es, por sí sola, de enorme dimensión. Pero además el caso golpea políticamente a La Libertad Avanza en Chaco, porque Ríos estaba vinculado al despacho del senador Godoy y su apartamiento recién trascendió cuando el tema tomó estado público. No se trata de una denuncia aislada ni reciente: son tres causas, con víctimas de su propio entorno familiar, y con una investigación que avanzó lo suficiente como para llegar a la instancia de juicio oral.
Según la información publicada en base a actuaciones judiciales, Ríos enfrenta tres expedientes por hechos denunciados en 2024. Las acusaciones incluyen abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo y la convivencia, y abuso sexual simple reiterado.
Las tres denuncias
Una de las denunciantes, cuñada del acusado, declaró que fue víctima de un abuso sexual con acceso carnal ocurrido en abril del año 2000, cuando tenía 17 años.
Según su testimonio judicial, el hecho se produjo en la ciudad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, mientras se encontraba cuidando a su sobrino de dos años en la vivienda familiar, ya que su hermana estaba internada dando a luz.
La denunciante relató que durante la madrugada Ríos ingresó a la habitación, le tapó la boca para evitar que gritara y la sometió sexualmente, mientras el niño dormía en la misma habitación.
Tras el hecho, según declaró ante la Justicia, el acusado la habría amenazado con matar a su hermana y a sus sobrinos si contaba lo sucedido.
Otra de las denunciantes, también cuñada del imputado, denunció episodios de abuso sexual ocurridos entre noviembre de 2004 y enero de 2005 en la ciudad de Resistencia.
De acuerdo con su relato, los hechos habrían sucedido durante períodos en los que Ríos se encontraba de vacaciones y quedaba al cuidado de menores dentro del ámbito familiar.
La denunciante señaló que el acusado realizaba tocamientos y actos de naturaleza sexual de forma agresiva, aprovechando momentos en los que no había testigos en la vivienda.
También afirmó que Ríos utilizaba amenazas para garantizar el silencio de la menor y evitar que los hechos fueran revelados.
La tercera denuncia fue presentada por la hija del acusado, quien aseguró haber sufrido abusos sexuales reiterados desde los 5 hasta aproximadamente los 14 años de edad.
Según su declaración, los hechos ocurrían cuando quedaba sola con su padre en el domicilio familiar, situación que —según manifestó— el imputado buscaba generar activamente.
La víctima relató haber vivido durante años con miedo constante, además de sufrir ataques de pánico ante la posibilidad de volver a encontrarse con él.
Qué considera la fiscalía
La fiscalía consideró acreditada la materialidad de los hechos a partir de testimonios, informes psicológicos, denuncias y otros elementos recolectados durante la investigación. En esa línea, el expediente avanzó hasta la instancia de debate oral, donde se determinará la responsabilidad penal del acusado.
Durante la instrucción, Ríos fue asistido por la Defensoría Oficial y se abstuvo de declarar cada vez que fue citado. También rechazó someterse a peritajes psicológicos solicitados por el Servicio Social del Poder Judicial. Eso forma parte de sus derechos procesales y no puede tomarse como prueba de culpabilidad. Pero sí marca que, frente a acusaciones gravísimas, eligió no dar ninguna explicación en sede judicial.
Ese silencio no elimina la presunción de inocencia, que sigue vigente hasta una eventual condena. Pero tampoco borra el peso de un expediente que ya fue considerado apto para llegar a juicio oral.
La dimensión política del caso
La otra dimensión del caso es política. Juan Cruz Godoy, senador nacional por Chaco de La Libertad Avanza, quedó expuesto por la vinculación de Ríos con su estructura. Según trascendió, el ahora exasesor fue dado de baja recientemente, cuando la situación comenzó a circular públicamente con mayor fuerza.
Ahí aparece la pregunta más incómoda para el espacio libertario en la provincia: cómo una persona con tres causas de esta gravedad siguió vinculada a un despacho legislativo hasta este punto. Si no sabían, hubo una falla seria de controles. Si sabían o tenían indicios y no actuaron antes, la situación es todavía más grave. Ninguna de las dos opciones deja bien parado al entorno político del senador.
Más todavía en un espacio que construyó buena parte de su identidad pública hablando de transparencia, superioridad moral y combate contra las viejas prácticas de la política. Cuando el problema explota dentro de la propia estructura, ya no alcanza con despegarse a último momento.
El expediente no puede tratarse como un simple escándalo partidario ni como material de amarillismo. Acá hay tres denuncias por delitos sexuales, víctimas protegidas por reserva judicial y una causa que atravesó la etapa de investigación hasta llegar a juicio. Eso exige responsabilidad en el tratamiento periodístico y también claridad para nombrar el impacto institucional.
Lo que queda expuesto no es sólo la situación procesal de Ríos. También queda bajo la lupa la reacción política del espacio al que estuvo vinculado. Porque cuando una estructura pública aparta a un colaborador recién después de que el caso se vuelve imposible de ocultar, lo que transmite no es firmeza ética sino reflejo tardío.
Para La Libertad Avanza en Chaco, el costo no pasa únicamente por el nombre del acusado. Pasa por el tiempo que tardó en tomar distancia. Y en política, como en la Justicia, los tiempos también hablan.