Este martes 3 de marzo de 2026, la Justicia Federal avanzó con allanamientos simultáneos en Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en operaciones financieras vinculadas a la Bolsa de Comercio del Chaco y al manejo de fondos públicos municipales. El expediente apunta a reconstruir el circuito de inversiones de alto riesgo bajo sospecha y a determinar responsabilidades administrativas y penales.
Qué se allanó y qué busca la Justicia
Los procedimientos incluyeron oficinas de la Bolsa de Comercio del Chaco en Resistencia, dependencias de la Municipalidad de Sáenz Peña (incluida la Secretaría de Gobierno y áreas económicas, según distintas reconstrucciones) y el domicilio del secretario de Gobierno municipal, Diego Landriscina, quien días atrás había pedido licencia en medio del caso. El objetivo central de las medidas fue el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y registros contables que permitan seguir el rastro del dinero y la operatoria financiera investigada.
Las órdenes habrían sido emitidas por la jueza federal Zunilda Niremperger y las diligencias se realizaron con intervención de fuerzas federales. En paralelo, trascendió que el gerente general de la Bolsa, Julio Barrios Cima, quedó bajo foco por el secuestro de su teléfono celular, en un episodio reportado como una interceptación en un peaje cuando se dirigía hacia Sáenz Peña.
La hipótesis del caso y las cifras que están en disputa
La causa se apoya en la sospecha de que fondos públicos habrían sido colocados en instrumentos no garantizados o de mayor riesgo, en un esquema que dejó pérdidas relevantes y abrió una guerra de denuncias cruzadas entre el municipio y la entidad bursátil. En la reconstrucción que circuló este martes, se menciona un perjuicio global estimado en torno a los $10.000 millones, aunque el número todavía forma parte del terreno de las estimaciones iniciales y de lo que logren acreditar las pericias contables y electrónicas.
Uno de los puntos sensibles es el presunto uso de operaciones “no garantizadas” y cambios en el perfil inversor para habilitar movimientos de mayor riesgo. En ese marco, se volvió a mencionar a Landriscina como figura clave en la administración de la cuenta comitente municipal y en decisiones de inversión que ahora están bajo investigación.
En cuanto a los allanamientos fuera de Resistencia y Sáenz Peña, algunas versiones hablaron de medidas en Charata, mientras que otras coberturas indicaron que esos procedimientos no estaban confirmados. Por ahora, lo firme es que el corazón del operativo se concentró en la Bolsa, la Municipalidad y domicilios vinculados a funcionarios y directivos.
La respuesta política y lo que viene
Tras los operativos, el intendente Bruno Cipolini afirmó públicamente que el municipio se considera víctima en la causa, sostuvo que la comuna presentó documentación ante la Justicia y apuntó contra la Bolsa por la colocación de fondos en activos “muy riesgosos”. Del otro lado, sectores opositores insisten en que, cuando se pierden fondos públicos, el impacto real lo absorben los vecinos y la prestación de servicios.
Hasta el cierre de la jornada no se informaron detenciones, pero fuentes ligadas al expediente advirtieron que pueden ordenarse nuevas medidas a medida que se analicen los elementos secuestrados (celulares, computadoras, documentación y respaldos). La clave inmediata será qué muestran las pericias: si existieron autorizaciones formales, qué instrumentos se utilizaron, quién ordenó las operaciones, qué controles internos fallaron y si hubo beneficios indebidos o desvíos deliberados.