El presidente abrió las sesiones ordinarias con un mensaje que, más que trazar un diagnóstico, pareció un ejercicio de negación. En su discurso del 1° de marzo ante el Congreso, Javier Milei evitó cualquier referencia concreta a la pérdida de poder adquisitivo, al deterioro del empleo y a la caída del consumo. Para quien buscara una explicación sobre la crisis que atraviesan millones de argentinos, la respuesta fue el silencio. O peor: la negación explícita de que exista un problema.
En su informe sobre el Estado de la Nación no hubo lugar para los salarios que no alcanzan ni para las pymes que bajan persianas. En cambio, el Presidente dedicó buena parte de su exposición a reivindicar la apertura importadora, la desregulación extrema y el fin de lo que llamó “la trampa del fetiche industrialista”. Es decir, la eliminación de cualquier política de protección o promoción de la industria nacional.
“¿Acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caro, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle?”, lanzó en referencia al conflicto en FATE, apuntando contra su titular, Javier Madanes. La frase buscó instalar la idea de que la protección industrial es sinónimo de privilegio empresario. Pero en esa simplificación brutal, los trabajadores quedaron reducidos a una variable descartable. Milei habló de la “extorsión” empresaria, pero no dedicó una sola línea a la suerte de los 920 despedidos que mencionó como argumento retórico.
El empleo apareció varias veces en su discurso, aunque no como preocupación sino como trofeo. Reiteró que “triplicamos los salarios en dólares” y que el empleo crece incluso con más oferta laboral. No explicó cómo se compatibiliza esa supuesta prosperidad con la caída del consumo masivo, con la retracción del mercado interno ni con el cierre de empresas que se multiplican en todo el país.
Su argumento teórico fue el clásico manual del libre mercado llevado al extremo: la importación que reemplaza producción local no destruye empleo porque, al ser más barata, libera ingresos que se destinan a otros bienes, generando más producción y más puestos de trabajo que los que se pierden. “Todos ganan”, afirmó, convencido. En esa ecuación no aparecen las transiciones traumáticas, ni las regiones que dependen de una sola actividad, ni los trabajadores mayores que difícilmente se reubiquen en el nuevo esquema.
También celebró que el empresario “ineficiente” cierre. Para el Presidente, su desaparición es una depuración saludable del sistema. No hay matices, no hay costos sociales, no hay políticas de reconversión. Sólo una visión darwinista donde el mercado decide y el Estado se retira.
Mientras tanto, la realidad muestra otra cosa. Las familias destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos a tarifas y servicios tras la quita de subsidios. El mercado que disputan producción local e importaciones es más pequeño que hace tres años porque el poder de compra cayó. Y para la mayoría de los hogares, la supuesta triplicación de ingresos en dólares no tiene correlato en la vida cotidiana.
Milei avanzó además en su promesa de una “nueva arquitectura jurídica”, con reformas al Código Aduanero, más desregulación y mayores facilidades para la explotación de recursos naturales, incluso “lejos de prejuicios ambientalistas”. Celebró el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que ya hay adhesiones por 25.000 millones de dólares y otros 45.000 millones en estudio. Sin embargo, de esos montos aprobados todavía no se ejecutaron desembolsos significativos y, en términos netos, la inversión extranjera directa mostró saldos negativos: salieron más capitales de los que ingresaron.
En el plano minero, el Presidente prometió “cientos de miles de puestos de trabajo reales por toda la Cordillera”, contraponiéndolos a los empleos estatales que descalificó como “parásitos”. No sólo se trata de una descalificación inaceptable hacia trabajadores públicos que sostienen servicios esenciales; también es una proyección sin respaldo empírico. Ninguna experiencia minera en la región avala cifras de esa magnitud en empleo permanente.
El mensaje presidencial dejó así una sensación inquietante: no es que el Gobierno no tenga respuestas para la crisis. Es que, para el Presidente, la crisis no existe o es simplemente el costo necesario de un proceso de “depuración”. La negación de los problemas de salarios, empleo y consumo no los resuelve. Apenas los invisibiliza en el discurso oficial, mientras en la economía real siguen golpeando con fuerza.