El Senado aprobó este viernes 27 de febrero de 2026 el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y reemplaza el esquema vigente desde 1980. La iniciativa se sancionó con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención, y fija un sistema específico para adolescentes, con la privación de libertad como última instancia y un tope de 15 años para los casos más graves.
Qué cambia con la nueva ley
La norma redefine de manera integral el régimen de responsabilidad penal juvenil: alcanza a adolescentes de 14 a 17 años imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes especiales y deroga expresamente la Ley 22.278, que regía desde la última dictadura y establecía la no punibilidad por debajo de los 16 años.
Entre los puntos centrales, la ley fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. En ese universo de hechos, la pena máxima podrá llegar hasta 15 años, con la prisión planteada como recurso excepcional y la prioridad puesta en medidas socioeducativas y de reinserción.
Penas previstas y condiciones de cumplimiento
El nuevo régimen incorpora un menú de sanciones que va desde amonestaciones y restricciones (prohibición de acercamiento, de contacto, de concurrencia a lugares o de salida del país) hasta medidas como prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y reparación del daño a la víctima.
En materia de privación de libertad, contempla modalidades como arresto domiciliario, institutos abiertos, institutos especializados de detención o secciones separadas dentro de establecimientos penitenciarios. El texto incorpora de forma explícita que las y los adolescentes no podrán cumplir penas privativas de libertad en los mismos establecimientos que los adultos, y que cualquier encierro debe ir acompañado por medidas orientadas a educación, trabajo y toma de conciencia sobre la gravedad del hecho.
Qué implica para las provincias y el escenario que abre
Con la sanción definitiva, la implementación pasa a ser el próximo capítulo: la aplicación efectiva del régimen requiere dispositivos especializados, capacidad institucional y coordinación entre el sistema judicial, áreas sociales y el sistema educativo. En el debate legislativo, uno de los puntos de discusión fue el impacto operativo y presupuestario que puede tener en las provincias, especialmente en lo referido a infraestructura y programas socioeducativos.
En el NEA, el tema se seguirá de cerca por una razón sencilla: el cambio normativo no se agota en bajar una edad, sino que obliga a construir un esquema real de intervención juvenil con reglas, dispositivos y controles propios. Sin esos componentes, la letra de la ley corre el riesgo de quedar desfasada de lo que sucede en el territorio.