La CGT optó por bajar el tono frente al inminente tratamiento en el Senado de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Tras una reunión ampliada de su mesa chica, la central descartó convocar a un paro o movilización al Congreso el viernes, cuando la Cámara alta debatirá el proyecto, y resolvió en cambio concentrarse el lunes próximo frente al Palacio de Tribunales para acompañar una impugnación judicial contra la norma.
La decisión implicó elegir una estrategia más moderada. No habrá llamado a los trabajadores ni a una movilización masiva: la marcha estará integrada principalmente por dirigentes y delegados sindicales. La modalidad replicará la protesta del 27 de diciembre de 2023, cuando la central obrera se presentó ante Tribunales para respaldar el planteo judicial contra el DNU 70.
El debate interno fue intenso. En la reunión realizada en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, convivieron posturas más confrontativas con otras inclinadas a priorizar la vía judicial. Juan Carlos Schmid, referente de Dragado y Balizamiento y titular de la CATT, planteó avanzar con paros sectoriales en reclamo por salarios y condiciones de trabajo. Omar Maturano, de La Fraternidad, propuso convocar al Comité Central Confederal para definir nuevas medidas dentro del plan de lucha vigente.
Del otro lado, Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), con el respaldo de Gerardo Martínez (UOCRA), sugirieron no realizar ninguna protesta el viernes y concentrar la respuesta en la presentación ante la Justicia. La posición terminó imponiéndose.
El giro más significativo en la discusión lo marcó Armando Cavalieri, líder del Sindicato de Comercio, quien advirtió que la CGT enfrenta “un problema político”, en alusión a la fragmentación del peronismo que facilitó el avance legislativo de la reforma. En tono autocrítico, señaló que el sindicalismo no puede limitarse a cuestionar decisiones ajenas sin ofrecer propuestas propias. Propuso convocar a economistas de distintas corrientes ideológicas para elaborar alternativas y dar sustento técnico a una plataforma sindical.
La iniciativa fue respaldada por Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), quien sugirió ampliar la convocatoria a dirigentes políticos y cuadros técnicos que permitan al movimiento obrero “pensar más allá de la resistencia”. Hugo Moyano (Camioneros) y Argentino Geneiro (gastronómicos) también apoyaron la idea de abrir una instancia de debate programático con vistas a construir una referencia política hacia 2027.
Desde el ala más combativa ya surgieron críticas. Rodolfo Aguiar, titular de ATE e integrante del Frente de Sindicatos Unidos, cuestionó que la conducción cegetista vuelva a confiar en la Justicia en lugar de convocar a medidas de fuerza. Ese sector mantiene la convocatoria a un paro de 36 horas con movilización, del cual la CGT decidió no participar.
En paralelo, los equipos legales de la central analizan en qué fuero presentar la impugnación, ya sea en el laboral o en el contencioso administrativo, con el objetivo de plantear la inconstitucionalidad de la ley una vez sancionada.
La resolución refleja un equilibrio delicado dentro de la conducción sindical: evitar una confrontación directa inmediata con el Gobierno en el plano callejero, sin resignar el rechazo a la reforma laboral. La apuesta, esta vez, será trasladar el conflicto al terreno judicial y al debate político interno sobre el rumbo estratégico del movimiento obrero.