La reforma laboral que el oficialismo impulsa bajo el rótulo de “modernización” volvió al Senado con un punto que encendió alarmas en el ámbito judicial: la disolución de los 80 juzgados y las 10 salas de la Cámara Nacional del Trabajo. Para magistrados, trabajadores judiciales y sindicatos, no se trata de un simple traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, sino de la eliminación del fuero laboral tal como existe hoy.
“Esto es la eliminación del fuero del Trabajo, no un traspaso. No quieren jueces laborales; no les gustan sus inclinaciones y buscan designar nuevos magistrados en la Ciudad”, advirtió Andrea García Vior, camarista del fuero, al cuestionar el artículo que prevé reemplazar la actual estructura por apenas una decena de juzgados porteños que aún no existen.
La reacción fue inmediata. Hubo cese de tareas y protestas en los edificios del fuero laboral nacional, incluida una toma en Diagonal Norte 760. Este martes está convocado un nuevo paro con movilización hacia el Palacio de Justicia, donde funcionan los despachos de la Corte Suprema. Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) señalaron que la Corte es la empleadora directa del personal y reclamaron garantías de estabilidad y carrera judicial.
El comunicado del gremio advierte que, tras el debilitamiento de derechos sustantivos, el paso siguiente sería desarticular el sistema institucional que los tutela. La referencia a la llamada “industria del juicio” es, para los críticos, un argumento falaz que busca justificar el recorte de derechos y asegurar tribunales más alineados con la orientación oficial y empresarial.
El año pasado, en el ámbito del Ministerio de Justicia, se había debatido la posibilidad de transferir algunas competencias a la Ciudad, pero no la eliminación total de la Justicia Nacional del Trabajo. La llamada Ley Cafiero establece que la justicia nacional ordinaria que funciona en la Ciudad mantiene su jurisdicción bajo el Poder Judicial de la Nación. Sin embargo, el nuevo texto da por aprobado un convenio firmado el 9 de febrero entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, que impulsa la transferencia progresiva de la función judicial en materia laboral.
El acuerdo prevé que los juicios individuales —despidos, indemnizaciones, accidentes de trabajo— tramiten en la justicia laboral porteña, que aún no está plenamente constituida. Los conflictos colectivos —convenios, huelgas— pasarían al fuero Contencioso Administrativo federal, sin especialización en materia laboral.
Hoy el fuero laboral cuenta con 80 juzgados de primera instancia y diez salas de tres integrantes cada una en la Cámara. El proyecto propone eliminar 30 juzgados actualmente vacantes y la sala VII —sin titulares—, reduciendo la estructura a diez juzgados y dos salas. Las causas nuevas dejarían de ingresar al fuero nacional, que quedaría como residual.
Según datos expuestos por García Vior ante comisiones legislativas, actualmente tramitan más de 695 mil causas, más de la mitad vinculadas a accidentes de trabajo. En la Cámara hay 32 mil expedientes en trámite entre 17 jueces. Además, 1.598 empleados, funcionarios y secretarios verían afectada su situación laboral sin definiciones claras sobre su destino.
El diputado y dirigente bancario Sergio Palazzo cuestionó en el debate parlamentario la narrativa oficial sobre la litigiosidad. En la misma línea, el abogado laboralista Matías Cremonte sostuvo que las demandas laborales representan menos del 2% en relación con la cantidad de trabajadores asalariados, e incluso menos del 1% si se consideran los no registrados. “Hay más juicios comerciales que laborales, pero no se habla de industria cuando los ganan bancos o tarjetas”, señaló.
Mientras el oficialismo defiende la reforma como un paso hacia la eficiencia y la modernización, en el fuero laboral advierten que la reducción drástica de tribunales y la reasignación de competencias pueden traducirse en demoras, pérdida de especialización y, en última instancia, un acceso más limitado a la justicia para trabajadores y trabajadoras.