La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a una movilización al Congreso Nacional para este miércoles 11 de febrero a las 15, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, cuyo tratamiento legislativo comenzará esta semana. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo reunido este mediodía en la sede de Azopardo 802, en un clima atravesado por fuertes tensiones internas respecto a la estrategia sindical frente al Ejecutivo.
En conferencia de prensa, el cosecretario general de la central obrera, Jorge Solá, sostuvo que el proyecto oficial “no busca modernizar el mundo del trabajo”, sino que apunta a un recorte de derechos laborales. En ese marco, confirmó la convocatoria a la protesta frente al Congreso y señaló que la CGT no descarta la posibilidad de avanzar en futuras medidas de fuerza de mayor alcance.
“Esta no es una batalla que demos por perdida. Simplemente estamos incrementando la protesta”, afirmó Solá, al tiempo que aclaró que la conducción sindical optó, por ahora, por no convocar a un paro general. No obstante, la central dio libertad de acción a los gremios para disponer ceses de tareas parciales que faciliten la participación de los trabajadores en la movilización.
Además de la protesta en la Ciudad de Buenos Aires, la CGT anunció que el mismo miércoles se realizarán concentraciones frente a las casas de gobierno provinciales, con el objetivo de visibilizar el rechazo a la iniciativa oficial también en el interior del país. Según explicó Solá, la intención es interpelar directamente a los legisladores nacionales por su responsabilidad en el debate parlamentario. “Hay que preguntarles si van a defender los derechos de los trabajadores o los de un proyecto político que les es ajeno”, remarcó.
Durante la reunión del Consejo Directivo, varios sindicatos plantearon la necesidad de sumar un paro de 12 horas para garantizar una mayor concurrencia a la movilización, mientras que sectores más combativos impulsaron la posibilidad de un paro de 48 horas. Sin embargo, la postura del sector dialoguista de la CGT se impuso y logró postergar cualquier medida de fuerza de alcance general.
Las diferencias internas se profundizaron en los últimos días con la reaparición pública de Pablo Moyano, quien cuestionó duramente la reforma laboral, la estrategia de diálogo de la CGT y el respaldo de algunos gobernadores del PJ al proyecto del Ejecutivo. Para Moyano, la política de negociación “no funcionó” y terminó debilitando la capacidad de respuesta sindical frente al avance de la reforma.
Desde el sector mayoritario de la conducción, en cambio, sostienen que aún existen márgenes para negociar modificaciones técnicas con gobernadores y senadores que atenúen el impacto de la iniciativa oficial. Mientras tanto, la movilización del miércoles se perfila como una nueva prueba de fuerza para la CGT, en un escenario marcado por la presión de las bases, las divisiones internas y un gobierno decidido a avanzar con cambios estructurales en la legislación laboral.