El Gobierno nacional confirmó que las tarifas de electricidad y gas aumentarán todos los meses por encima de la inflación, una decisión que vuelve a tensionar el discurso oficial de desaceleración de precios y expone las limitaciones del esquema económico para sostener el equilibrio fiscal sin trasladar mayores costos a los hogares.
El anuncio se conoció en un contexto sensible, marcado por la postergación de la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la salida del ahora ex titular del INDEC, Marco Lavagna. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió ambas decisiones al advertir que modificar la metodología del IPC en esta etapa podría generar sospechas políticas sobre una supuesta “inflación más baja por cambio de índice”, justo cuando el Gobierno busca consolidar el proceso de desinflación.
Sin embargo, el propio Caputo fue explícito al reconocer que, tras una fuerte recomposición inicial, los incrementos tarifarios deberán ubicarse “un poquito” por encima de la inflación mensual. Aunque descartó saltos bruscos en las facturas, el esquema implica una pérdida sostenida del poder adquisitivo para los usuarios, especialmente en un escenario donde los salarios y jubilaciones no logran acompañar ni siquiera el ritmo del IPC.
La justificación oficial se apoya en que la cobertura de costos de los servicios públicos sigue siendo incompleta. Según estimaciones de la consultora Invecq, los usuarios residenciales pagan en promedio el 76% del costo de la energía eléctrica, el 61% del gas natural y apenas el 32% del transporte, mientras que el agua ya alcanza el 100%. Ese desfasaje explica el sendero de aumentos, pero no atenúa su impacto social.
La decisión de postergar el nuevo IPC, que incorporaría ponderadores actualizados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 y otorgaría mayor peso a los servicios, generó fuertes cuestionamientos entre economistas. Santiago Bulat, socio de Invecq, relativizó las diferencias entre metodologías y recordó que la mayor brecha se dio en 2024, cuando el IPC actual marcó 117,8% frente al 134,8% del índice actualizado. En 2025, en cambio, la diferencia fue inferior a un punto. Aun así, advirtió que con la nueva metodología el impacto de las subas tarifarias podría ser mayor, sumando efectos indirectos sobre otros precios.
La baja de la inflación es el principal activo político de la gestión libertaria. Tras el pico de 211,4% en 2023, el IPC acumuló 31,5% en 2025, el registro más bajo en ocho años. Pero ese dato convive con una señal de alerta: la inflación mensual lleva casi siete meses consecutivos de aceleración. En diciembre alcanzó el 2,8%, el nivel más alto desde abril, y las estimaciones privadas para enero se ubicaron entre 2,5% y 2,7%.
En ese marco, cualquier cambio metodológico en la medición oficial se vuelve políticamente costoso, especialmente en un año de elecciones legislativas. Durante 2025, el Gobierno moderó los aumentos tras el fuerte ajuste aplicado en 2024, pero ahora busca retomar la recomposición de manera gradual, aun a costa de superar el IPC.
La Secretaría de Energía anunció subas desde febrero: en electricidad, un aumento promedio del 3,59% en el AMBA; en gas, un incremento promedio nacional del 16,86%. Los ajustes responden a la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, la actualización automática por fórmula (IPIM + IPC), el nuevo esquema de subsidios y la implementación de un precio de gas unificado durante todo el año.
En paralelo, comenzó a aplicarse el nuevo Subsidio Energético Focalizado, que elimina la segmentación por niveles de ingresos y deja solo dos categorías: usuarios con subsidio y sin subsidio. El umbral para acceder al beneficio baja de 3,5 a 3 canastas básicas totales, lo que implica que parte de los hogares de ingresos medios perderá la bonificación. Mientras la Secretaría de Energía estima que el impacto alcanzará a unas 140.000 familias, estudios privados elevan la cifra a cientos de miles de usuarios.
Para los sectores de menores ingresos, el impacto será aún más severo. Consultoras especializadas estiman subas reales del 20% en electricidad y del 23% en gas respecto de las boletas de 2025, aun considerando bonificaciones estacionales que amortiguan parcialmente el efecto en los meses de mayor consumo.
La lógica oficial combina dos objetivos: reducir el peso de los subsidios —del 0,65% del PBI al 0,5%— y avanzar hacia una mayor cobertura del costo real de los servicios, que en 2026 alcanzaría en promedio el 76% en electricidad y el 79% en gas. Al mismo tiempo, el Gobierno intenta evitar picos estacionales que impacten de lleno en el IPC, apostando a subas mensuales sostenidas pero superiores a la inflación.
Ese esquema, sin embargo, abre un dilema difícil de disimular. El Presupuesto 2026 proyecta una inflación anual del 10,1%, con una meta implícita de variaciones mensuales cercanas a cero hacia agosto. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, en cambio, prevé una inflación del 22,5%. En ese contexto, la decisión de ajustar tarifas por encima del IPC tensiona el relato oficial y vuelve a colocar a los servicios públicos como uno de los principales focos de presión inflacionaria y social.