El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco atraviesa un conflicto salarial por la suspensión y/o recálculo del Fondo Estímulo Productivo (FEP), un adicional que integra la estructura de ingresos de más de 600 trabajadores. Mientras el Gobierno provincial asegura que no lo elimina y que busca “pagar lo que dice la ley”, directores del propio Ministerio emitieron un comunicado unánime desmintiendo esas afirmaciones, sosteniendo que la medida es ilegal y anticipando reserva de acciones legales.
Qué es el Fondo Estímulo Productivo y por qué la discusión no es menor
El FEP fue creado por la Ley 2398-I (vigente desde el 1 de junio de 2015) como una asignación mensual especial para el personal del Ministerio. En los comunicados y coberturas locales se lo describe como parte remunerativa del salario, sujeto a aportes jubilatorios y de obra social, y con liquidación sostenida durante años.
El punto de conflicto es el impacto directo en el ingreso real. En testimonios difundidos por medios chaqueños, trabajadores señalaron que el básico ronda entre $300.000 y $400.000 y que el ingreso total puede acercarse a $1.000.000 con el FEP incluido; bajo ese esquema, se denuncia que el recorte puede equivaler a entre 70% y 80% del sueldo total, e incluso hay quienes hablan de quitas mayores.
Con esos valores como referencia, el tamaño del golpe se vuelve fácil de visualizar: si una persona cobra $1.000.000 y pierde 70%, pasa a $300.000; si pierde 80%, queda en $200.000. Es una caída de $700.000 u $800.000 en un mes. Esto no es un tecnicismo administrativo: es un cambio brusco de condiciones de vida.
El Gobierno habla de “corrección legal”; los directores del Ministerio lo califican de recorte ilegal
La posición oficial, expresada por la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, sostiene que el Fondo se revisa porque se habrían incluido recursos que no correspondían por la normativa de intangibilidad vinculada a multas y sanciones, y que esos montos debían ir a Rentas Generales. En la misma línea, el ministro Oscar Dudik afirmó que el Fondo no se elimina, pero sí se recalcula y se pagará “lo que dice la ley”.
En sentido contrario, directores del Ministerio difundieron un comunicado unánime donde rechazan las declaraciones de funcionarios provinciales y denuncian la suspensión del pago del FEP. Afirman que no es un “premio discrecional” ni un “privilegio”, sino un componente salarial creado por ley y liquidado mensualmente desde 2015. También desmienten que “no era salario” o que se pagaba “por fuera del sistema”, y sostienen que esas afirmaciones buscan instalar confusión y estigmatizar al personal técnico y profesional.
El comunicado agrega un dato político clave: cuestiona que durante más de una década no haya existido objeción del Tribunal de Cuentas en términos de ilegalidad del régimen tal como se venía ejecutando, y advierte que la falta de firma de la resolución de liquidación implica que este mes el personal no percibiría el Fondo. El texto pide que se cumpla la ley, que cesen las declaraciones falsas y que se abra un canal formal de diálogo, dejando expresa reserva de acciones legales por lo que califican como vulneración de derechos.
Un ajuste que elige el camino más sensible
El Ejecutivo encuadra la medida como “ordenamiento” y “corrección” y promete que el Fondo seguirá bajo un nuevo cálculo. Pero el efecto concreto que describen los trabajadores y los directores del propio Ministerio es una licuación del ingreso mensual, con niveles de quita que se discuten entre 70% y 80% del sueldo total en casos difundidos públicamente.
El mensaje que queda en la calle es que la gestión de Leandro Zdero está buscando recortar gastos y eligió el camino más sensible y más conflictivo: ajustar sobre el salario de empleados públicos.