Un hombre lleva ocho años abasteciendo de electricidad su casa sin pagar una sola factura gracias a un sistema construido íntegramente con materiales reciclados. Utiliza más de mil baterías recuperadas de ordenadores portátiles, combinadas con paneles solares, y desde 2016 mantiene una autonomía energética completa.
Según él mismo explica en foros donde comparte su proyecto, el sistema funciona de manera estable y solo ha requerido el reemplazo de una batería en todo este tiempo. Su idea comenzó de forma rudimentaria: algunos paneles solares capaces de generar 1,4 kW, una vieja batería industrial de 24V y reguladores básicos. Con el tiempo fue recolectando baterías usadas, clasificándolas y ensamblándolas en módulos homogéneos para aumentar capacidad y rendimiento.
El caso refleja una tendencia en expansión: cada vez más personas buscan independizarse parcial o totalmente de la red eléctrica, impulsadas por el abaratamiento de los paneles solares, la reutilización de baterías y una mayor conciencia ambiental. El autoconsumo, tanto individual como remoto, permite generar energía descentralizada y reducir la dependencia de las grandes compañías del sector.
Aun así, diversos informes muestran que la instalación de nuevos sistemas ha perdido impulso. Durante 2024 y comienzos de 2025 se registró una notable caída en el ritmo de crecimiento, alejando al país de los objetivos previstos para 2030 en materia de generación distribuida. Uno de los factores señalados es que la normativa vigente quedó desfasada frente al avance de la tecnología y las nuevas necesidades de los usuarios.
La principal asignatura pendiente es el autoconsumo colectivo, clave para que puedan participar quienes viven en edificios y no tienen acceso a una instalación individual. Varias organizaciones reclaman desde hace tiempo procedimientos más simples, un esquema de gestión unificado, conexiones a red menos engorrosas y mayor seguridad jurídica para los proyectos comunitarios.
El Ministerio para la Transición Ecológica abrió una consulta pública a finales de 2024 para recopilar propuestas de distintos actores del sector y trabaja en una actualización del marco legal. El objetivo es contar antes de finalizar 2025 con una normativa más ágil, alineada con los estándares europeos y con la realidad actual de quienes buscan producir su propia energía.