La Argentina consiguió hoy más tiempo en el expediente por la expropiación de YPF en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y evitó caer en desacato al obtener una prórroga para presentar comunicaciones de ex y actuales funcionarios requeridas por la jueza Loretta Preska. El alivio procesal llega en medio del litigio por la sentencia de US$16.100 millones y de la orden de transferencia del 51% accionario, ambos aún bajo disputa en instancias de apelación.
Qué decidió el tribunal
El juzgado concedió un plazo adicional para que el Estado compile y entregue chats, correos y otros mensajes exigidos por la parte actora (Petersen/Eton Park, financiados por Burford). La extensión evita una declaración inmediata de desacato y desactiva, por ahora, sanciones que podían agravar la posición argentina. En el trasfondo, siguen vigentes la condena económica y la orden de entregar el paquete de control a una cuenta de custodia, medidas dictadas a mediados de año y que el Gobierno apeló.
Lo que viene en el caso
El Ejecutivo busca que la Cámara del Segundo Circuito revise los fundamentos del fallo de 2023 y, en paralelo, ganar margen procesal con pedidos de extensión para producir prueba electrónica. En días recientes, señales de mercado y medios especializados destacaron audiencias favorables a la posición argentina y la volatilidad del financista Burford tras las vistas, un dato que el Gobierno leyó como “viento a favor,” aunque la definición de fondo aún no llegó. En síntesis: la prórroga de hoy compra tiempo, pero no resuelve el núcleo del litigio.