El presidente Javier Milei ordenó su agenda para el Congreso: priorizará las reformas impositiva y laboral, y luego la previsional. Prometió “bajar alícuotas de 20 impuestos y expandir la base imponible” para desalentar la evasión. El punto caliente es laboral: el paquete reactiva cambios que amplían el período de prueba, abaratan despidos vía fondos de cese y flexibilizan convenios.
Núcleo de la reforma laboral: dónde se achican protecciones
Los borradores y antecedentes retoman ejes de la Ley Bases y reglamentaciones posteriores: extender el período de prueba más allá de los 3 meses, con variantes de 6 y hasta 8 meses según el régimen; habilitar un “fondo de cese” para reemplazar la indemnización tradicional; y reducir sanciones por empleo no registrado, lo que abarata el costo del incumplimiento para el empleador. En conjunto, esto debilita la estabilidad en la etapa inicial del contrato, reduce el costo de despido y baja el desincentivo a la informalidad.
Fondos de cese e indemnización: el giro estructural
El esquema de “fondo” replica el modelo de la construcción: aportes mensuales a una cuenta o vehículo financiero que el trabajador cobra al finalizar la relación, sin importar la causa. En versiones debatidas este año se abrió incluso la puerta a cofinanciamiento del propio trabajador, algo resistido por sindicatos por trasladarles el riesgo del despido. La adopción depende de lo que negocie cada convenio, pero el sentido es claro: sustituir la indemnización plena por un sistema de ahorro previo.
Flexibilización de jornada y convenios
El paquete que circula menciona ampliar facultades empresariales para modificar modalidades de trabajo, habilitar jornadas más elásticas y actualizar beneficios no remunerativos. En la misma línea, se impulsa “modernización” de convenios para ajustar reglas por sector, con ideas como “salarios dinámicos” en paritarias. Para los gremios, esto desplaza poder de negociación y puede licuar pisos salariales.
Lo que ya cambió con la Ley Bases y su reglamentación
La Ley 27.742 y su decreto reglamentario introdujeron un primer piso de cambios: simplificación de registración, blanqueo laboral y eliminación de multas por no registro o registro deficiente. Esa quita de sanciones redujo el castigo económico por incumplir, un incentivo discutido en términos de derechos y fiscalización. La nueva reforma buscaría profundizar ese rumbo.
¿Es una quita de derechos?
Si medimos contra el estatus previo: más meses de prueba con despido barato, menos multas por incumplimiento y un reemplazo de la indemnización que puede ser menor al “245” de la Ley de Contrato de Trabajo son, en efecto, recortes de protección para el trabajador. Aun con la promesa oficial de “más empleo formal”, el equilibrio se mueve hacia menos costo y más discrecionalidad empresarial. La controversia académica y sindical es contundente: el combo precariza si no se compensa con inspección, negociación colectiva fuerte y reglas de tránsito entre empleo y desempleo.
El capítulo impositivo, la otra pata del plan
En paralelo, el Gobierno busca bajar alícuotas y simplificar tributos para “expandir la base”. El efecto prometido es actividad e inversión; el riesgo es fiscal si la ampliación de base no compensa. Sin mayoría propia, cada tramo dependerá de acuerdos con bloques provinciales y oposiciones no alineadas.
El Ejecutivo enviará el paquete escalonado al nuevo Congreso. En un escenario sin mayorías, cada artículo se negocia. El desenlace definirá si Argentina adopta un régimen con menos barreras al despido, jornadas más flexibles y menores sanciones al incumplimiento, o si el Congreso recompone contrapesos para no caer en una “modernización” que sea sinónimo de pérdida de derechos.