En plena campaña, la causa por adjudicación de tierras fiscales volvió al centro de la escena: Jorge Capitanich y la exministra Marta Soneira declararon el martes 9 de septiembre y la fiscalía evalúa pedir procesamiento. La defensa niega cualquier transferencia de dominio y desde su espacio hablan de maniobra judicial con impacto electoral.
El timing es el mensaje
La audiencia clave fue el 9 de septiembre de 2025, en plena recta final electoral. Tras las indagatorias, el fiscal federal anunció que analizará los descargos para resolver si solicita el procesamiento; la definición quedará en manos del juzgado con asiento en Presidencia Roque Sáenz Peña.
Qué se investiga
El expediente indaga presuntas irregularidades en adjudicaciones de tierras fiscales y baraja figuras como fraude contra la administración pública, malversación, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y lavado de activos. Soneira aparece señalada por su rol administrativo; Capitanich, por la convalidación final de actos superiores a 300 hectáreas.
La defensa de Capitanich y Soneira
Ambos presentaron descargos por escrito y no respondieron preguntas en esta etapa. El eje de su planteo: no hubo transferencia de dominio porque las tierras seguirían a nombre de la Provincia del Chaco. También cuestionan que se fuerce la competencia federal cuando, a su criterio, se trata de materia administrativa provincial.
La voz de Pedrini
El diputado Juan Manuel Pedrini, jefe de campaña de Fuerza Patria, habló de “delito de imposible cumplimiento” y sostuvo que “la provincia sigue siendo titular de esas tierras; por lo tanto, no hubo ninguna transferencia de dominio”. Para él, el caso se monta para esmerilar electoralmente y desplazar la discusión al fuero federal.
¿Fuero federal o provincial?
El debate jurídico importa: si no hay transferencia efectiva de dominio ni fondos nacionales comprometidos, el caso podría discutirse en el ámbito provincial. La estrategia acusatoria, en cambio, busca consolidar la vía federal con un catálogo de delitos más amplio. Ese encuadre definirá las próximas movidas.
Quién denunció
La causa se inició a partir de una presentación de Ana María Canata, actual titular del Instituto de Tierras del Chaco, cuyo cargo figura en documentación oficial. Desde allí se reclamó revisar expedientes y prácticas administrativas de adjudicación.
Qué sigue
Con la ronda de indagatorias cumplida, la fiscalía debe resolver si pide procesamiento. La decisión final quedará en el juzgado a cargo por subrogancia, que evaluará si el expediente avanza, se dicta falta de mérito o se profundiza la prueba. Todo, mientras el calendario electoral corre.
Más allá de las posiciones, dos principios no se negocian: presunción de inocencia y debido proceso. Si hay delito, que se pruebe y se condene. Si no lo hay, que se despeje la duda sin que la Justicia se convierta en herramienta de campaña.