Un operativo judicial se desplegó esta semana en Resistencia: la Justicia Federal allanó dependencias del PAMI y una agencia de viajes vinculada al tesorero de La Libertad Avanza en Chaco, Alfredo Moreno. La investigación apunta a un entramado de maniobras irregulares que, según fuentes judiciales, salpica también a Alfredo “Capi” Rodríguez, delegado regional de ANSES y presidente provincial de ese partido.
Según trascendidos judiciales, se investigan desde coimas a prestadores médicos hasta la creación de planillas de afiliaciones partidarias apócrifas, supuestamente sin consentimiento de los ciudadanos involucrados. Dos médicos declararon ante el fiscal federal Patricio Sabadini que se les exigía dinero —a través de intermediarios— para mantener su condición de prestadores en el organismo. El vínculo entre Moreno y Rodríguez, aunque no siempre explícito, aparece como parte de un engranaje entre ANSES y PAMI.
Alfredo Moreno, tesorero de La Libertad Avanza Chaco y coordinador administrativo del PAMI, aparece vinculado a la investigación por su rol en la presunta exigencia de coimas a prestadores médicos y la intermediación en afiliaciones truchas dentro del organismo. La situación se torna aún más delicada tras el hallazgo de que el contrato de alquiler de la agencia de viajes Sakura Turismo, utilizado como fachada en parte de las maniobras, está formalmente a su nombre, donde figura como responsable de todas las obligaciones de la firma. Moreno sostiene que solo firmó papeles para facilitar trámites, pero la documentación lo compromete directamente ante la Justicia.
Además, se investiga un esquema de afiliaciones falsas: Rodríguez prestaría su imagen como referente provincial mientras se habrían utilizado bases de datos oficiales para inscribir sin consentimiento a personas vulnerables al partido La Libertad Avanza. De ellas, 40 llegaron a declarar que jamás se habían afiliado.
El fiscal pidió la indagatoria de Rodríguez para el 28 de agosto, por delitos que incluyen falsificación, abuso de autoridad y extorsión institucional.
Rodríguez, por su parte, desestimó las acusaciones, las calificó de “sin sustento administrativo y jurídico” y denunció una operación política en plena época electoral.
Estamos frente a una investigación federal que sacude dos organismos nacionales en Chaco. No hay culpables todavía, pero las sombras recaen sobre estructuras políticas que deberían estar al servicio del bienestar social.
Desde la oposición no tardaron en marcar la contradicción: el gobierno provincial de Leandro Zdero y sus aliados se presentan como paladines de la “transparencia”, pero las primeras sombras de corrupción parecen surgir desde el interior mismo de su coalición.