Mariano Cúneo Libarona debió frenar la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py. Lo hizo sin admitir la derrota, pero responsabilizando a los fiscales por su supuesta falta de preparación y por recurrir, según dijo, a “excusas corporativas”.
El gobierno de Javier Milei busca abrir una nueva batalla, esta vez con jueces y fiscales. Tras casi 20 meses sin mayores sobresaltos en ese terreno, los roces se intensifican. Mientras Federico Sturzenegger –formalmente ministro de Desregulación, pero en los hechos ejecutor de la motosierra oficial– ironiza con aplicar los métodos de la Revolución Francesa contra el Poder Judicial, su par de Justicia choca con los fiscales federales que operan en los tribunales de Retiro.
El eje de la disputa es la implementación del sistema acusatorio, que pone el peso de la investigación penal en manos de los fiscales. Cúneo Libarona intentó avanzar con el cambio en Comodoro Py y en el fuero penal económico porteño a partir del 11 de agosto. Sin embargo, debió retroceder ante la negativa del Ministerio Público Fiscal, que advirtió sobre la falta de recursos y personal.
En marzo, el ministro de Justicia comunicó informalmente su intención al procurador interino, Eduardo Casal. Desde entonces intercambiaron notas: Casal argumentó que no estaban dadas las condiciones materiales para un cambio de esa magnitud. Aun así, el 11 de julio Cúneo Libarona ratificó su plan y notificó a la Corte Suprema. Como argumento adicional, destacó que organismos internacionales como el GAFI y la OCDE promueven la implementación del nuevo modelo.
El impulso oficial contaba también con el respaldo diplomático: durante los festejos del 4 de julio en la embajada de Estados Unidos, el ministro fue felicitado por su colaboración en la reforma judicial. La encargada de Negocios, Abigail Dressel, elogió el trabajo conjunto contra el crimen organizado y el traspaso hacia el sistema acusatorio.
Pero la expectativa oficial pronto se transformó en frustración. El viernes por la tarde, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado informando que la puesta en marcha del nuevo modelo se postergaba hasta el 10 de noviembre, es decir, después de las elecciones. En el Gobierno especulan con que un buen resultado en las urnas les dará mayor margen para avanzar en la pulseada con los fiscales.
El tono del comunicado oficial fue provocador. Afirmó que “la transformación cultural iniciada es irreversible”, que “la justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”, y que el sistema cuenta con recursos suficientes para comenzar el cambio.
En Comodoro Py la reacción fue inmediata. Los fiscales se enteraron de la postergación por las redes sociales del ministerio. Lo que más molestó fue la acusación explícita sobre la supuesta incapacidad para investigar causas complejas. En contraposición, los fiscales ante la Cámara de Casación habían advertido que, por el volumen y la sensibilidad de las causas que tramitan en esos tribunales, era necesario asegurar las condiciones mínimas para garantizar el funcionamiento del sistema.
Uno de los actores visibles fue el fiscal Raúl Pleé, quien el 15 de julio pidió a la Asociación de Fiscales que solicitara la postergación de la reforma hasta contar con la infraestructura adecuada.
Al mismo tiempo, el camarista federal Mariano Llorens desplazó al fiscal Carlos Stornelli de una investigación sobre la implementación del sistema acusatorio en Mar del Plata, que el fiscal había comenzado a extender hacia la Ciudad de Buenos Aires. Stornelli incluso visitó el predio de la ex ESMA, señalado como el lugar al que serían trasladadas las oficinas de los fiscales.
“El aplazamiento fue un pedido de todos los sectores. Primó la sensatez”, sostuvo Julio Piumato, titular de la UEJN. “Estamos a favor del sistema acusatorio, pero cualquier reforma requiere inversión, algo que no vimos en los distritos donde ya se implementó.”
La Asociación de Magistrados también valoró la postergación. “Resulta adecuada para poder resolver previamente los problemas de infraestructura y dotación de personal”, dijo su presidente, el juez Andrés Basso.
Pero fue Sturzenegger quien echó más leña al fuego. En un acto en la Sociedad Rural arremetió contra una medida cautelar que frenó la desregulación de la Marina Mercante y disparó: “El sistema judicial es el último bastión de la casta”. Luego bromeó: “Estoy estudiando qué hizo la Revolución Francesa con el Poder Judicial”. Aunque dicho en tono humorístico, el comentario no fue bien recibido.
“Son expresiones disciplinadoras. No buscan democratizar la justicia, sino someterla”, afirmó Matilde Bruera, presidenta de Justicia Legítima. Piumato, en tanto, devolvió la acusación: “Sturzenegger representa a la verdadera casta. Cuando la justicia cumple su rol constitucional, los gobiernos se enojan. Este es un claro ejemplo”.
Desde la Asociación de Magistrados recordaron que el Poder Judicial actúa como contrapeso en una república y que el disenso debe canalizarse a través de los mecanismos legales. Desde la Lista Celeste, en tanto, condenaron cualquier amenaza, explícita o simbólica, contra jueces y fiscales. “Invocar los métodos de la Revolución Francesa es inadmisible y erosiona la confianza en el diálogo democrático”, remarcaron.
Fuente: Pagina12