ATE Chaco elevó ayer un fuerte repudio contra el Instituto del Deporte Chaqueño (IDCh) por la cesantía de más de cien empleadas y empleados —becarios y personal de planta permanente— en el mes de julio, lo que equivale a la mitad de su planta funcional y pone en jaque la provisión de actividades gratuitas en toda la provincia.
Según el Secretario General de ATE Chaco, Isaac Chaparro, “las becas de 100 mil pesos son a menudo el único ingreso para sostener a una familia. No se trata de un gasto superfluo: son políticas públicas que deben mantenerse y ampliarse”.
Por su parte, Mario Bustamante, Secretario de Administración de ATE, denunció la actitud “prácticamente clandestina” del presidente del organismo, Fabio Vázquez, quien se niega sistemáticamente a recibir al sindicato. Bustamante adelantó que presentarán acciones judiciales por “despidos injustificados, arbitrarios y violentos” al no haber tramitación administrativa ni respaldo legal para estas cesantías.
La acción de recorte coincide con una complicada situación laboral en el Chaco: la desocupación en el Gran Resistencia trepó al 8,9% en el primer trimestre de 2025, superando en 1,7 puntos la cifra de hace un año y ubicándose muy por encima del promedio nacional (7,9%). El subsecretario de Finanzas provincial, Guillermo Agüero, reconoció que la provincia carece de un sector privado lo suficientemente robusto para absorber esta mano de obra despedida.
ATE advierte que las medidas podrían profundizarse al cierre de Chaco Juega, el principal evento deportivo de la provincia, y que ya se organizan asambleas en cada sede para detener este “vaciamiento” estatal.
El sindicato señala además irregularidades previas:
- Denuncia de corrupción a fines de 2024 por un desvío de 109 millones de pesos en el programa “Chaco Juega”.
- Nueva denuncia en marzo de 2025 por presunto fraude, malversación y asociación ilícita vinculada a 4,5 millones de pesos entregados a un deportista inactivo durante 2024.
Ambos procesos se encuentran bajo investigación judicial, mientras los despedidos intentan visibilizar su caso y exigen una audiencia formal que hasta ahora el IDCh les niega. Con la mitad de su equipo fuera del sistema, la práctica deportiva social en el Chaco —una herramienta clave para la inclusión y la cohesión comunitaria— está al borde del colapso.