La ofensiva del Gobierno nacional para avanzar con el desmantelamiento de organismos públicos sumó un nuevo freno judicial. Este jueves, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el gremio Sevina, y suspendió los efectos del decreto 461/2025, que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
La jueza Martina Isabel Forns determinó que por un plazo de seis meses el Poder Ejecutivo no podrá avanzar con cesantías, traslados, pases a disponibilidad ni supresión de estructuras vinculadas a Vialidad. La medida alcanza cualquier resolución administrativa derivada del polémico decreto firmado por el presidente Javier Milei, que se suma a otros traspiés judiciales recientes del oficialismo.
En su fallo, la magistrada advirtió que el decreto vulnera derechos laborales y sindicales reconocidos constitucionalmente, entre ellos la estabilidad del personal, el principio de negociación colectiva y la irrenunciabilidad de condiciones laborales pactadas en convenios vigentes. También cuestionó la facultad otorgada al Ministerio de Desregulación para decidir discrecionalmente sobre el destino de los trabajadores, al considerar que “subordina las decisiones administrativas a un órgano sin garantías de imparcialidad”.
Forns remarcó el riesgo de daño irreparable, en particular por la afectación del sustento económico de cientos de familias ante eventuales despidos o recortes abruptos. Habló incluso de “posible vulneración de derechos de naturaleza alimentaria”, aludiendo al impacto que una medida de esta magnitud puede tener sobre sectores sociales vulnerables.
Aunque por el momento no se expidió sobre la validez constitucional del decreto —una definición que, según el fallo, requerirá un análisis más profundo—, la Justicia dejó en claro que Milei no puede avanzar con la ejecución de la norma mientras dure la cautelar.
La decisión judicial fue celebrada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, que calificó el fallo como “un respaldo legal a la lucha en defensa de la legalidad, la estabilidad laboral y la continuidad institucional de Vialidad”. Desde la conducción gremial advirtieron que seguirán reclamando la anulación definitiva del decreto, y exigiendo garantías sobre el rol estratégico del organismo, clave en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial del país.
El Gobierno había anunciado la eliminación de Vialidad Nacional —junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito— como parte de su programa de “reducción del Estado”. La medida fue presentada con tono celebratorio por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró que sus funciones pasarían al Ministerio de Economía.
Sin embargo, el intento por desarmar una estructura histórica del Estado argentino —creada hace más de 90 años— vuelve a enfrentar la resistencia de la Justicia. Y evidencia que los decretos de Milei, aún con una mayoría parlamentaria parcial, no están exentos de los límites institucionales que impone la Constitución.
Fuente: La Nación