La decisión del Gobierno nacional de incrementar las retenciones a la soja, el maíz y el girasol encendió la alarma entre los gobernadores de la región centro del país. Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) coincidieron en cuestionar la medida publicada este viernes en el Boletín Oficial, y advirtieron que la suba “asfixia al agro” y afecta el tejido económico de sus provincias.
La medida, que eleva del 26% al 33% la alícuota para la soja y del 9,5% al 12% para el maíz y el sorgo, rige desde el 1° de julio y fue oficializada a través del decreto 439/2025. En paralelo, el Gobierno decidió mantener hasta marzo de 2026 las retenciones reducidas para el trigo y la cebada, aunque bajo condiciones más estrictas para el ingreso de divisas por parte de los exportadores.
Desde Córdoba, Llaryora fue el más contundente: calificó la medida como “profundamente regresiva” y se diferenció del modelo fiscal del presidente Javier Milei. “En nuestra provincia eliminamos Ingresos Brutos a la producción, suprimimos el impuesto a la mera compra y volcamos el 98% del inmobiliario rural a obras y servicios para el campo. Subir las retenciones es ponerle un freno al desarrollo”, escribió en su cuenta de X.
Frigerio, por su parte, recibió a la Mesa de Enlace y reiteró su postura a favor de eliminar las retenciones. “Entre Ríos es el campo. Vamos a seguir al lado de los productores. Nación debe comenzar a bajarlas, no subirlas. Esto es retroceder”, advirtió.
Pullaro, gobernador de Santa Fe, también cargó contra la medida: “Es un error no mirar al interior productivo. Lo que se genera en el campo se reinvierte en los pueblos. No va a paraísos fiscales, ni a criptomonedas. Este esquema desalienta al productor”.
El decreto llega en un momento particularmente sensible: días antes del inicio de la exposición de La Rural, donde el campo suele hacer sentir su descontento. Y aunque desde el Ejecutivo argumentan que la medida busca “garantizar la eficacia exportadora” en cultivos cuya cosecha ya avanzó, en la región núcleo se interpreta como un retroceso en la promesa de reducir la presión impositiva.
Los gobernadores, que vienen manteniendo un discurso de equilibrio frente al Gobierno nacional, endurecieron su tono. “Esta medida vuelve a golpear al sector más dinámico de la economía. Desde el corazón productivo del país, ratificamos nuestro compromiso con el campo”, remarcó Llaryora.
El texto oficial, firmado por Milei, Caputo y Guillermo Francos, también establece que los exportadores que quieran conservar la alícuota reducida para trigo y cebada deberán ingresar el 90% de las divisas en 30 días hábiles, el doble del plazo que regía hasta ahora. El resto de los cultivos vuelve al esquema anterior, más gravoso.
En este contexto, los gobernadores del interior, que ven peligrar ingresos, inversiones y empleos, prometen sostener el reclamo. Y marcan con claridad su posición: el ajuste, advierten, no puede recaer siempre sobre quienes producen.