Un grupo de abogados de La Plata presentó una denuncia penal contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por los presuntos delitos de prevaricato y tráfico de influencias. El escrito, al que accedió el portal 0221.com.ar, cuestiona una serie de decisiones del máximo tribunal que, según los denunciantes, evidencian una alineación estratégica con el gobierno nacional y sectores económicos concentrados.
Los firmantes de la denuncia —Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta, todos matriculados ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata— afirman actuar en calidad de ciudadanos y solicitaron ser tenidos como amicus curiae. En su presentación advierten que ciertas sentencias de la Corte "socavan las bases del sistema democrático" y configuran lo que definen como una conducta de "defección estratégica", concepto teórico desarrollado por la politóloga Gretchen Helmke y el constitucionalista Leandro Wolfson. Según esa idea, algunos jueces ajustan sus fallos frente a un cambio de poder para garantizar su supervivencia institucional.
El documento se centra en tres decisiones claves: la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 sobre el Consejo de la Magistratura, resuelta tras más de cinco años de demora pero ejecutada de forma inmediata; la aceptación del Decreto 137/2025 de Javier Milei, que intentó designar jueces de la Corte sin aval del Senado; y la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, dictada pocos días después de su anuncio de candidatura electoral. En los tres casos, los denunciantes ven una manipulación de los tiempos judiciales orientada a favorecer intereses políticos o personales.
Además, la presentación señala que mientras esas causas avanzan con velocidad atípica, otras de alto impacto institucional siguen paralizadas. Entre ellas, mencionan recursos por crímenes cometidos en Malvinas, causas previsionales y laborales, y la falta de definición sobre la constitucionalidad del DNU 70/23, cuya omisión interpretan como un respaldo tácito al Ejecutivo. Los abogados acusan a la Corte de ejercer un manejo discrecional del calendario judicial, habilitando fallos funcionales al oficialismo mientras se demora la resolución de expedientes sensibles para la ciudadanía.
La denuncia, basada en los artículos 269 y 256 bis del Código Penal, advierte que no se trata de errores jurídicos aislados sino de una estrategia deliberada de poder. Aunque todavía resta que la justicia federal evalúe la viabilidad del planteo, su sola presentación refleja el nivel de tensión institucional que atraviesa la relación entre el Poder Judicial y otros actores del sistema político. Hasta el momento, los jueces denunciados no han emitido declaraciones públicas sobre el tema, pero en el ámbito tribunalicio ya se reconoce que el caso forma parte de un capítulo inédito en la historia contemporánea de la justicia argentina.