El ministro de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz generó un inesperado sacudón en el máximo tribunal tras sacar un pasaje de ida a México para este viernes. Su inminente salida del país, en medio de las versiones sobre una posible confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, activó presiones internas y dejó en evidencia la fragilidad del equilibrio entre los jueces del alto tribunal.
Según fuentes judiciales, Rosenkrantz estaría resistiendo una ofensiva para que firme el fallo esta misma semana, antes de abandonar el país. Aunque las resoluciones pueden suscribirse digitalmente, el reglamento interno establece que deben firmarse desde territorio nacional. Esa condición vuelve urgente la definición y coloca al juez como el centro de una tensión institucional pocas veces vista.
En los pasillos del Palacio de Tribunales, se sospecha que fue desde la vocalía de Ricardo Lorenzetti que se filtró el viaje de Rosenkrantz, como forma de condicionar su margen de maniobra. La maniobra habría provocado el enojo de los otros jueces, y algunos especulan que la filtración buscó forzar una definición en tiempo récord, aun sin consenso pleno.
Lorenzetti, distanciado del kirchnerismo desde que el Senado bloqueó el intento de designar a Ariel Lijo como nuevo miembro de la Corte, estaría jugando su propia estrategia. Según trascendidos, sueña con recuperar la presidencia del tribunal con el apoyo de Lijo y Manuel García-Mansilla, y habría ofrecido esa nueva mayoría al gobierno nacional, en un intento de desbancar el esquema anterior conformado por Horacio Rosatti, Rosenkrantz y el recientemente retirado Juan Carlos Maqueda.
“Lorenzetti filtró para apurar la firma, pero se le volvió en contra”, comentó un juez con conocimiento de los movimientos internos. En la reunión de acuerdos de este martes, se especula que no habrá resolución, para no convalidar la maniobra.
A pesar de ello, fuentes cercanas a Comodoro Py afirmaron este lunes que “el fallo se estaba redactando”, lo que contradice la versión de que la decisión ya estaría tomada. “La Corte está atrapada: si falla ahora, parecerá que busca perjudicar a Cristina; si espera, dirán que la protege”, sintetizó un operador judicial.
El fallo pendiente tiene distintas salidas posibles: la Corte puede simplemente rechazar la queja y dejar firme la condena a seis años e inhabilitación; puede acoger el pedido de las fiscalías para reabrir el debate por la supuesta asociación ilícita y reactivar el pedido de 12 años de prisión; o, menos probable, puede anular el proceso por irregularidades.
En el entorno de la expresidenta se respira tensión. Desde el viernes, se activaron contactos con legisladores, referentes sindicales y organizaciones sociales, ante la posibilidad de un fallo adverso. Este lunes hubo una reunión en la sede del PJ nacional, en Matheu, con la consigna de mantener “estado de alerta y movilización”.
Un dato inquietante: si Rosenkrantz hubiera querido abrir el expediente, ya debería haberse iniciado la convocatoria a conjueces, un procedimiento que no se activó. Este indicio refuerza la versión de que el fallo ya estaría prácticamente cerrado y que su firma podría llegar el viernes, justo antes del fin de semana largo por el feriado de Güemes, o el miércoles 19, en la víspera del Día de la Bandera.
La Corte Suprema se encuentra en un punto de máxima exposición, atrapada entre sus propias internas, presiones externas y una decisión que puede marcar un hito judicial y político en la historia argentina reciente.