La reducción de fondos coparticipados y la exigencia de adelantos dejan al Chaco sin liquidez para pagar salarios y servicios. Ante esta crisis, el gobierno chaqueño despliega medidas: adelantos mensuales, alivios fiscales y compensaciones para comunas, pero la provincia sigue en tensión por la sustancial merma de recursos.
En el primer trimestre de 2025, el Chaco recibió $622.952 millones en transferencias automáticas de coparticipación, pero finalmente sólo pudo disponer de $322.113 millones tras las retenciones mensuales que compensan los anticipos financieros solicitados. Con esto, los recursos quedaron en el 52 % de lo esperado, mientras el gasto salarial de la administración pública y los pasivos provinciales trepó a $435.343 millones, excediendo los fondos disponibles en un 135 %.
La creciente dependencia de los adelantos de Nación –$60.000 millones cada mes, salvo abril que fueron $50.000 millones, más un anticipo extraordinario de $120.000 millones en marzo– engrosa los intereses que la provincia debe pagar. Sólo en 2024, los adelantos demandaron alrededor de $3.500 millones en intereses, y en 2025 ese número se dispara a diario al descontarse los montos directamente de la coparticipación.
En mayo de 2025 la caída real de la coparticipación fue de 23,9 %. Chaco recibió $264.592 millones, contra $347.129 millones en el mismo mes de 2024, según un informe de Politikon Chaco. Aun así, en términos nominales acumula un incremento del 58,7 % para los primeros cinco meses, pero ese alivio se diluye cuando se descuentan la inflación y los anticipos retenidos.
Esta merma no es un problema exclusivo del Chaco: la Comisión Federal de Impuestos proyecta una caída del 4,2 % real para todo 2025, lo que implicaría una pérdida de casi $2,5 billones para las provincias en conjunto. En su última reunión, los gobernadores hicieron foco en la paralización de la obra pública nacional, que aumenta aún más la presión fiscal en distritos dependientes de esos recursos.
Para intentar equilibrar las cuentas, el gobernador Leandro Zdero definió varias líneas de acción. Primero, ratificó la entrega de adelantos de coparticipación a municipios con situación financiera compleja, un mecanismo excepcional que mitiga la caída de sus ingresos por la restitución de fondos educativos que antes llegaban directamente desde Nación. Esta medida actualizó el convenio con el Ministerio de Economía nacional para que los distritos puedan afrontar obligaciones básicas sin desborde presupuestario.
En paralelo, la gestión provincial lanzó un paquete de alivios fiscales: redujo la alícuota general de ingresos brutos del 3,5 % al 3,2 % en 2025 (y prevé bajarla al 2,9 % en 2026) y planifica exenciones específicas para el sector primario, productores de seguros y alquileres. La prórroga de la Ley 4003-F extiende por un año más la eximición de impuestos para nuevos contribuyentes, mientras que el Impuesto Inmobiliario Rural se mantiene exento para productores de hasta 1.000 hectáreas. Según el ministro de Hacienda, esos recortes son posibles “gracias a una mejora esperada en la coparticipación” y a una política de austeridad que busca reducir el 85 % de gasto que insume la masa salarial.
Aun así, las cuentas siguen ajustadas: en marzo de 2025, tras recibir $188.942 millones, Nación retuvo $112.648 millones, dejando disponible apenas $76.294 millones frente a un gasto salarial de $149.548 millones, o sea un desfase del 196 %. En febrero, el gasto superó en un 133 % lo cobraba la provincia; en enero, la diferencia fue del 103 %. Esto desvela que, mes a mes, la necesidad de adelantos reduce la autonomía de Chaco para gestionar recursos propios y obliga a disponer fondos solo para cubrir lo más urgente: salarios, proveedores y servicios esenciales.
Además, el gobierno chaqueño evalúa un proyecto de reestructuración de la deuda provincial –heredada de juicios contra la Provincia– para liberar caja y renegociar vencimientos. El ministro de Hacienda adelantó que, si bien han pagado cerca de $120.000 millones por fallos judiciales de 2016, buscan evitar nuevos compromisos que aumenten el ratio de endeudamiento. También se estudia un recorte de partidas no vinculadas a la masa salarial, aunque aún no se oficializaron los porcentajes ni los rubros afectados.
El impacto social ya se siente: municipios advirtieron que deberán recortar contratos de servicios, posponer pequeñas obras y achicar la asistencia a sectores vulnerables. La restitución del financiamiento educativo nacional redujo a la mitad los ingresos de muchos intendentes en abril y mayormente en mayo, aunque con los adelantos se logró amortiguar el golpe. No obstante, para los meses de julio y agosto se prevé un complejo escenario si no se restablecen desembolsos extra o se ajustan partidas provinciales.
En el plano político, el flamante bloque de gobernadores del Norte Grande reclama a la Nación una revisión del esquema de coparticipación para adecuarlo a la inflación y a la realidad de provincias con alta dependencia de esos fondos. En el Consejo Federal de Inversiones se analiza la posibilidad de un fondo anticíclico que mitigue estas crisis periódicas, pero sin consenso todavía. Las voces del oficialismo chaqueño hacen hincapié en que, sin una reforma federal, cualquier intento de mejorar la situación será parcial y temporario.
La presión sobre el Chaco no amaina: cada mes que baja la coparticipación real se amplía el “hueco” para cubrir salarios, y los anticipos de Nación –por más que alivien el corto plazo– generan un pasivo a futuro que podría, si no se contienen eficazmente, derivar en restricciones severas para cumplir con obligaciones corrientes. En ese marco, las medidas fiscales y las compensaciones a municipios son paliativos, pero no reemplazan un plan de fondo que incluya reformas impositivas nacionales, mayor aporte desconcentrado de fondos federales y un estímulo genuino a la producción local. Mientras tanto, la caja provincial seguirá al borde del colapso, y las nuevas audiencias legislativas serán definitorias para establecer si estos parches alcanzan para mantener la gobernabilidad financiera o si se requieren ajustes más profundos.
Hasta tanto el Gobierno provincial no recupere acceso real a la coparticipación, las obras, los sueldos y los servicios seguirán al borde del colapso.