Ayer 30 de mayo de 2025, el Gobierno de la Provincia del Chaco formalizó, a través del decreto 781/2025, un sexto anticipo financiero de 60.000 millones de pesos provenientes del Tesoro Nacional. Según el texto oficial, este nuevo desembolso «posibilita a la Provincia contar con una adecuada liquidez financiera para ir atendiendo en tiempo y forma el cumplimiento de sus obligaciones», entre las cuales se destacan el pago de los salarios de la Administración Pública y el medio aguinaldo previsto para junio de este año.
En apenas cinco meses de 2025, Chaco ya había recibido adelantos mensuales de 60.000 millones de pesos en enero, febrero, marzo y mayo; en abril, por su parte, el monto ascendió a 50.000 millones. Además de estos anticipos regulares, en marzo la provincia gestionó un desembolso extraordinario de 120.000 millones de pesos, con un plazo de reintegro extendido hasta diciembre del mismo ejercicio fiscal.
Desde febrero de 2024, la gestión chaqueña ha recurrido sistemáticamente a adelantos de coparticipación para sostener el flujo de caja. Según consta en el decreto 190/2025 —publicado el 17 de marzo en el Boletín Oficial—, el Gobierno provincial «se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas», motivo por el cual resultaba «necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesa» Chaco. En ese texto, el Poder Ejecutivo Nacional fundamentó que, sin acceso a dichos recursos, la provincia no podría afrontar el pago de salarios ni sus obligaciones corrientes, incluida la amortización de compromisos adquiridos en ejercicios previos.
En los considerandos de cada decreto, el Ministerio de Economía subraya que estos anticipos —conocidos técnicamente como «anticipos transitorios a cuenta de coparticipación federal»— se convierten en una suerte de préstamo de corto plazo: la Nación transfiere dinero a la provincia, y luego retiene, durante el mismo mes, los montos correspondientes al producido de los impuestos coparticipados para compensar el adelanto. De ahí que se pueda afirmar que, sin estos anticipos, no se podría garantizar «en tiempo y forma» la liquidación de haberes.
Cada uno de estos adelantos genera intereses calculados diariamente sobre el saldo pendiente, lo que incrementa el costo financiero de la operatoria. Solo durante 2024, los montos solicitados por Chaco sumaron alrededor de 3 500 millones de pesos en intereses, según surge de los decretos que avalan los desembolsos y las retenciones aplicadas por la Contaduría General de la Provincia.
Más allá del cálculo contable, analistas financieros consultados por este medio señalan que el uso sistemático de estos mecanismos evidencia una dependencia estructural de Chaco con respecto al Tesoro Nacional. En palabras de un economista local: «La provincia no puede sostener su esquema de gasto corriente con los ingresos propios y, por ende, necesita recurrir cada mes a anticipos para no generar atrasos en los sueldos» (reservado). Asimismo, advierten que, aunque este tipo de asistencia está disponible para todas las jurisdicciones argentinas, el acceso permanente depende en buena medida de la sintonía política con la Casa Rosada.
El Chaco es una de las provincias con menores niveles de recaudación per cápita en el país y registra un Índice de Desarrollo Humano en los últimos lugares del ranking nacional. Según datos de la Secretaría de Hacienda provincial, durante 2024 el déficit fiscal alcanzó el 7 % de los recursos totales, lo que obligó a la gestión de Leandro Zdero a ajustar partidas de gasto y buscar asistencia externa con mayor frecuencia de la habitual.
Por otro lado, el vínculo político entre el gobernador Zdero y el presidente Javier Milei cristalizó en marzo pasado, cuando Chaco se alineó públicamente con la alianza de gobierno nacional. Horas después, la provincia recibió el anticipo extraordinario de 120.000 millones para cubrir obligaciones urgentes de gasto y amortización de deudas, lo que generó cuestionamientos desde sectores opositores que hablaron de «un intercambio de favores políticos por liquidez financiera».
En el decreto 190/2025, la Casa Rosada especificó que el anticipo se otorgaría mediante retenciones automáticas sobre el producido coparticipable, con intereses calculados conforme a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), y estableció que su reintegro debía concretarse dentro del mismo ejercicio fiscal, aunque admitió la posibilidad de prorrogar el plazo de devolución si las circunstancias así lo exigieran.
Especialistas en finanzas públicas subrayan que la clave para reducir la necesidad de estos anticipos reside en incrementar la recaudación propia —a través de impuestos provinciales y tasas— y mejorar la gestión del gasto, en particular en los rubros de salud y educación, que ocupan la mayor parte del presupuesto chaqueño. No obstante, reconocen que esas reformas demandan tiempo y consenso político, algo que no se ha consolidado en la Legislatura local.
Por otra parte, consultores privados advierten que, a medida que los intereses se acumulan, el esfuerzo fiscal para devolver los adelantos puede tensionar aún más las cuentas de Chaco, derivando en mayores ajustes o nuevos pedidos de auxilio a la Nación. «La provincia parece atrapada en un círculo: solicita adelantos para pagar sueldos, paga intereses y, al mes siguiente, vuelve a requerir ayuda porque no alcanza con los recursos propios», explica un economista chaqueño (reservado).
Los reiterados pedidos de anticipos de coparticipación y los montos extraordinarios de 1200.00 millones otorgados en marzo dan cuenta de la delicada situación financiera que atraviesa la provincia del Chaco. Los propios decretos oficiales reconocen que, de no disponer de estos fondos, la administración chaqueña no podría atender «en tiempo y forma» el pago de sus compromisos más urgentes, como salarios y aguinaldos. La acumulación de intereses y la dependencia creciente de la asistencia nacional han encendido las alarmas de analistas y economistas locales, que auguran un futuro complejo si no se articulan medidas de fondo para equilibrar el presupuesto provincial.