El máximo tribunal dictó una medida cautelar interina que restablece, de manera provisoria, las restricciones previstas en la Ley de Tierras Rurales. La decisión se adoptó con carácter de urgencia, con la intervención de dos conjueces y en una votación dividida. El juez Carlos Rosenkrantz cuestionó con dureza el criterio de la mayoría.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó este jueves una cautelar que vuelve a poner en vigencia las limitaciones para la adquisición de inmuebles rurales por parte de personas y sociedades extranjeras. La resolución rige mientras se resuelve el fondo de la cuestión judicial.
Un fallo en medio de la discusión sobre la titularidad extranjera de tierras
La decisión se produjo en un contexto de debate sobre el alcance de las normas que regulan la propiedad extranjera de tierras rurales. También influyó su aplicación frente a decisiones administrativas que habían flexibilizado o dejado sin efecto algunas de esas restricciones.
La Corte intervino a partir de un planteo judicial. Resolvió dictar la cautelar para evitar que, mientras continúa el proceso, se concreten operaciones que tornen irreversible la situación bajo análisis.
Una medida provisoria que no define el fondo del caso
La cautelar tiene carácter provisorio y todavía no implica una definición sobre el fondo del expediente. El tribunal deberá avanzar ahora en el análisis de la cuestión principal. Allí determinará si las disposiciones cuestionadas son compatibles con el marco legal vigente.
La Ley 26.737 establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre otras cuestiones, fija un tope general del 15% sobre la titularidad extranjera en el territorio nacional, además de restricciones para determinadas zonas y situaciones.
Votación dividida y dura disidencia de Rosenkrantz
El fallo no fue unánime. Contó con la participación de dos conjueces y quedó marcado por una fuerte división interna.
Uno de los votos más contundentes contra la mayoría fue el de Carlos Rosenkrantz, quien presentó una dura disidencia. El magistrado cuestionó el criterio adoptado para dictar la cautelar. También planteó reparos sobre los fundamentos que usó la mayoría para justificar una intervención urgente del tribunal.
La discusión expone dos posiciones dentro de la Corte. Una se refiere al alcance que debe tener la intervención judicial en este tipo de controversias. La otra, a las consecuencias de aplicar de inmediato restricciones sobre operaciones inmobiliarias rurales.
Qué implica la decisión en términos prácticos
Con la resolución, vuelven a regir de forma provisoria las limitaciones de la Ley de Tierras Rurales para las adquisiciones alcanzadas por su régimen. Hasta que exista una nueva decisión judicial, deberán observarse otra vez las restricciones legales sobre la participación extranjera en la propiedad de tierras rurales.
Sin embargo, la medida no es una sentencia definitiva. Es una decisión cautelar destinada a preservar la situación mientras continúa el trámite. El debate de fondo definirá si las disposiciones cuestionadas deben mantenerse, modificarse o quedar sin efecto.
La decisión vuelve a colocar en el centro de la agenda judicial y política la discusión sobre la propiedad extranjera de tierras rurales. Se trata de un tema que, en los últimos años, generó fuertes controversias por su impacto sobre la producción agropecuaria, los recursos naturales y la soberanía territorial.
Fuente: Noticias Ambientales.