Un presunto operativo para realizar cambios de domicilio desde Villa Ángela hacia Enrique Urien quedó bajo cuestionamientos por la posible participación de agentes públicos y un candidato de la UCR. La denuncia fue realizada en redes sociales por la militante Agustina Bottini, quien además aseguró que habrían trasladado detenidos y familiares de policías para efectuar los trámites.
La publicación está acompañada por una fotografía en la que aparecen tres hombres. El hombre de remera celeste sería Osvaldo Brítez, a quien se señala como efectivo policial que trabaja en la Comisaría de Enrique Urien. Al hombre de remera negra lo presentan como candidato de la UCR y al tercero, de apellido Aquino, como empleado del Registro Civil de Villa Ángela que habría sido afectado al operativo.
El posible impacto sobre el padrón
El dato que le da relevancia electoral a la denuncia es que los cambios de domicilio tendrían como destino Enrique Urien. El domicilio registrado en el DNI determina dónde queda incorporado cada ciudadano al padrón y, por lo tanto, dónde vota.
La Ley 17.671 establece que la residencia habitual es el lugar donde una persona vive la mayor parte del año y que el último domicilio registrado en el DNI es el válido a efectos electorales. El Código Electoral Nacional también contempla sanciones para quien declare un domicilio falso.
El cambio de domicilio es un trámite legal. La cuestión que plantea la denuncia es si las personas que habrían realizado esos cambios tienen residencia efectiva en Enrique Urien y, especialmente, si existió una organización para concentrar esos trámites con participación de agentes del Estado.
Detenidos y familiares de policías
El punto más delicado de la denuncia sostiene que habrían sido trasladados detenidos de la Comisaría Primera y familiares de efectivos policiales para realizar cambios de domicilio.
De comprobarse esos traslados, habría que determinar quién los autorizó, bajo qué condiciones se realizaron y por qué habrían sido movilizadas personas privadas de su libertad para efectuar el trámite.
También queda por esclarecer la presunta participación de personal policial, un empleado del Registro Civil y un candidato de la UCR en el mismo procedimiento.
Debería intervenir la Justicia Electoral y aclarar los hechos, ¿Quién dio la orden, quién autorizó el operativo, quién controló los cambios de domicilio, quién dispuso la participación de personal público? y además... ¿existe un listado de las personas trasladadas?
Lo más importante es establecer si los domicilios declarados corresponden a residencias reales o si existió una maniobra destinada a incidir sobre el padrón electoral de Enrique Urien.