Leandro Zdero eligió la Convención Provincial de la UCR realizada este sábado en Presidencia Roque Sáenz Peña para volver a mirar hacia atrás. Frente a la militancia radical habló del gobierno anterior, de “mafias”, de “adoctrinamiento”, de vehículos oficiales, del avión sanitario y de intermediarios. Y terminó cruzando un límite cuando acusó al peronismo de tener un “gen golpista” y de querer regresar al poder “para currar”.
Usar la palabra “golpista” como un insulto partidario es una irresponsabilidad institucional. En Argentina, un golpe de Estado no es una metáfora para levantar un acto político. La última dictadura cívico-militar desplegó un sistema de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones contra personas perseguidas por razones políticas. Entre las víctimas hubo trabajadores, estudiantes, sindicalistas y militantes de distintas organizaciones políticas, principalmente del peronismo.
Por eso resulta todavía más chocante que semejante expresión haya salido de un escenario de la Unión Cívica Radical, el partido de Raúl Alfonsín, el presidente que apenas recuperada la democracia creó la CONADEP y abrió el camino institucional que permitió llegar al Juicio a las Juntas.
Zdero no denunció en Sáenz Peña ningún intento de ruptura constitucional. No habló de militares preparando un golpe, de dirigentes desconociendo elecciones ni de instituciones amenazadas. Simplemente utilizó la palabra para atacar al principal espacio opositor.
Y lo hizo después de haber construido buena parte de su propia carrera política haciendo oposición. Durante años denunció al gobierno de Jorge Capitanich, cuestionó el funcionamiento del Estado, acompañó protestas y utilizó términos durísimos para describir distintas áreas de gobierno. Eso no lo convertía en golpista. Era un dirigente opositor haciendo oposición, algo absolutamente normal en democracia.
Ahora que gobierna, parece haber cambiado el diccionario.
El PJ chaqueño ocupa bancas, presenta proyectos, cuestiona al Ejecutivo y pretende regresar al gobierno mediante elecciones. Exactamente el mecanismo institucional que utilizó Zdero para llegar al poder. Entonces, si el gobernador quiere inventar genes políticos, quizás convenga mirar también el suyo.
Porque fue el propio Zdero quien pidió en Sáenz Peña mirar “un minuto en el retrovisor” para recordar lo que, según él, había encontrado en diciembre de 2023. Y lo que terminó exhibiendo fue precisamente un verdadero “gen del retrovisor”, esa necesidad de regresar una y otra vez al gobierno anterior para explicar problemas que, a casi tres años de haber asumido, ya son responsabilidad de su propia gestión.
De la cláusula gatillo a la salud que hoy gobierna
Zdero habló de “adoctrinamiento” en las escuelas, pero lo concreto respecto a educación es que cuando asumió, los docentes chaqueños tenían cláusula gatillo y él mismo defendía ese mecanismo. Ya como gobernador anunció su pago en enero y julio de 2024 y lo presentó como el cumplimiento de una promesa con el sector.
Después dejó de aplicarla. El conflicto escaló hasta la Justicia y en mayo de este año la Cámara de Apelaciones del Trabajo intimó al Ejecutivo a enviar un proyecto para garantizar un mecanismo de actualización salarial. El Gobierno finalmente presentó una iniciativa que prohíbe la indexación automática, el proyecto liquida definitivamente la cláusula gatillo.
Con la gestión anterior había cláusula gatillo. Con Zdero no.
Con la salud ocurre algo todavía más difícil de explicar mirando hacia 2023. En Sáenz Peña, el gobernador describió como “devastado” el sistema que recibió y aseguró que actualmente hay medicamentos e insumos.
Pero un día antes de aquel discurso, el director del Hospital 4 de Junio de esa misma ciudad había informado una “reducción significativa de insumos básicos”, entre ellos materiales descartables y medicamentos. La situación llevó a restringir prestaciones y el servicio de Pediatría llegó a pedir donaciones para atender a los chicos internados.
¿Ese es el sistema sanitario recuperado?
Y después está el caso de la médica trucha Lidia Mabel Ojeda, probablemente uno de los episodios más graves que atravesó el sistema sanitario durante esta administración. Una mujer sin título habilitante consiguió trabajar durante meses en hospitales públicos utilizando documentación y matrícula ajenas. Según confirmó el fiscal de la causa, habría atendido a más de 1.200 pacientes entre mayo de 2025 y abril de 2026.
Ojeda fue imputada por ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y homicidio con dolo eventual por la muerte de Lorenzo Blanco. La Justicia también investiga la posible existencia de otras víctimas. Una falsa médica pudo insertarse durante meses en el sistema sanitario provincial y terminó acusada judicialmente por la muerte de un paciente.
¿Cómo consiguió una persona sin título llegar tan lejos dentro del sistema?
Más todavía cuando documentación difundida posteriormente mostró disposiciones que autorizaban traslados de la “Dra. Ojeda Mabel” junto a un chofer hacia Villa Río Bermejito, utilizando una Toyota Hilux oficial, combustible y viáticos del Estado.
Los intermediarios no desaparecieron, cambiaron de nombre
Otro de los puntos que Zdero volvió a reivindicar fue el supuesto fin de los intermediarios en la asistencia social. También allí los documentos oficiales chocan con el discurso.
El Boletín Oficial del 8 de abril de 2026 registra 51 contrataciones vinculadas con Ñachec. Allí aparecen 49 personas contratadas bajo la función específica de “Facilitador Ñachec”, con remuneraciones mensuales de $588.000, además de dos coordinadores regionales con contratos por $1.816.500.
Los intermediarios, entonces, no desaparecieron. La gestión creó su propia estructura territorial, la llamó “facilitadores” y la paga con recursos públicos. El propio esquema de Ñachec utiliza además módulos físicos y puntos de distribución territorial, mientras durante la gestión anterior existieron mecanismos de acreditación mediante tarjetas que permitían a los beneficiarios realizar directamente sus compras.
¿Estatizaron la intermediación?
Ahora hay un sistema que contrata personas específicamente para cumplir funciones territoriales vinculadas con Ñachec.
El presente que ya no puede cargarse al gobierno anterior
Zdero también volvió a mencionar el supuesto uso particular de vehículos oficiales durante la administración anterior. El problema es que las denuncias sobre la utilización de bienes del Estado son actuales, de esta gestión.
En Pampa Almirón se denunció que una Toyota Hilux dominio LUE 646, entregada al municipio para actividades institucionales, habría quedado a disposición de Javier Vargas, pareja de la intendenta Gladys Piccilli e integrante de Gendarmería Nacional.
También se difundieron denuncias sobre el traslado habitual de una docente en un vehículo estatal en General San Martín, además de los documentos vinculados con los traslados oficiales de Ojeda cuando todavía era presentada como médica.
Con el avión sanitario ocurre algo parecido. En marzo de 2025 Zdero llegó a decir ante la Legislatura que las selfies dentro de la aeronave eran “la foto clara del abuso del poder” y aseguró que ahora se utilizaba exclusivamente para trasladar personal de salud o pacientes.
Sin embargo, su propia gestión también lo incorporó a operativos territoriales encabezados por autoridades provinciales. En marzo de 2024, por ejemplo, Zdero encabezó en El Sauzalito un operativo sanitario en el que el propio Gobierno destacó el uso del avión, y meses después la vicegobernadora Silvana Schneider participó de otro despliegue en Fuerte Esperanza y Comandancia Frías al que médicos y funcionarios llegaron mediante esa aeronave.
Con el INSSSEP ocurre algo parecido. La actual conducción sostiene que recibió un organismo endeudado y con problemas estructurales, mientras desde el gremio se afirma que el balance 2023, aprobado durante la nueva gestión, mostraba un superávit superior a los $8.000 millones.
Los problemas del INSSSEP se agravaron durante la gestión actual, con conflictos prolongados, dificultades con prestadores y reclamos de los afiliados. Después de casi tres años, ya no alcanza con responder que todo viene de antes.
Zdero ya gobierna. El INSSSEP también es suyo.
Y después está la palabra “mafias”. El gobernador aseguró que había recibido un Estado aliado a ellas, una acusación enorme lanzada desde un escenario partidario.
Al mismo tiempo, su propio Gobierno reconoció haber realizado compras a Suizo Argentina durante 2024 y 2025. El Ministerio de Salud negó cualquier trato preferencial y sostuvo que la firma participó en cuatro licitaciones públicas y obtuvo solamente una parte de los renglones adjudicados.
También consta que la empresa quedó posteriormente involucrada en la investigación nacional sobre contrataciones de ANDIS. Zdero reparte la palabra “mafias” hacia el pasado mientras su propio gobierno tuvo relaciones comerciales con una empresa que terminó bajo investigación federal.
A poco de cumplir tres años como gobernador, Zdero volvió a necesitar a Capitanich para hablar de su gestión.
Ya no puede esconder detrás del retrovisor lo que cada vez resulta más difícil de disimular. La falta de gestión y la falta de resultados.