La política del presidente Javier Milei expone una disociación difícil de justificar. Por un lado, endurece el acceso de extranjeros a servicios públicos esenciales como la universidad y la salud, bajo el argumento de que “eso de venir gratis no” es insostenible para la tradición Argentina. Por otro, impulsa una reforma de la Ley de Tierras que elimina límites a la compra de grandes extensiones por parte de capitales foráneos, incluso en zonas estratégicas, bajo la bandera de la “inviolabilidad de la propiedad privada”, violando normas constitucionales.
Mientras se restringe el acceso de estudiantes y pacientes extranjeros pobres, se habilita la entrada irrestricta de multimillonarios para adquirir tierras sin tope de superficie ni consideración constitucional por centavos. Negocios para los amigos de Trump.
- Restricciones en salud y educación: Milei cuestionó que estudiantes extranjeros cursen gratis en universidades públicas y que pacientes de países vecinos accedan a hospitales sin costo. La propuesta oficial es establecer aranceles, defendiendo la idea de que los recursos del Estado deben priorizar a los argentinos.
- Apertura en tierras: En paralelo, el Ejecutivo impulsa una reforma que deroga la Ley 26.737, que limitaba la extranjerización de tierras al 15% y fijaba un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. La nueva normativa habilita compras sin restricción de tamaño ni ubicación, incluso en áreas de frontera o con recursos hídricos.
- Constitución en tensión: La Carta Magna reconoce la función social de la propiedad y la soberanía sobre recursos naturales. La reforma erosiona ese principio, favoreciendo a capitales externos en detrimento de la preservación nacional.
- Doble estándar: Se exige pago a extranjeros pobres por servicios básicos, mientras se entrega patrimonio estratégico a extranjeros ricos. El nacionalismo se aplica como filtro social, pero se disuelve frente al negocio.
La contradicción revela un modelo político que combina nacionalismo restrictivo para los débiles con liberalismo absoluto para los poderosos. En nombre de la eficiencia fiscal se limita el acceso a derechos universales, mientras en nombre de la propiedad privada se entrega soberanía territorial. Una disociación que desnuda la fragilidad del discurso y la fortaleza de los intereses.